El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de 1 de septiembre publica la Recomendación del Consejo de 14 de julio de 2023 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de España.

Recuerda que el 22 de noviembre de 2022, la Comisión adoptó el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2023, en el que señalaba a España como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de España para 2023.

El 24 de mayo de 2023 la Comisión publicó las conclusiones de un «examen exhaustivo» sobre España: «está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, las vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda privada, pública y exterior, que tienen relevancia transfronteriza, están disminuyendo, pero siguen presentes».

«Los posibles riesgos que afectan a la mayor reducción de las vulnerabilidades están relacionados principalmente con los efectos del endurecimiento de las condiciones financieras en la situación financiera de los hogares y las empresas, así como en la sostenibilidad de la deuda pública a medio y largo plazo ante las actuales condiciones del mercado y el envejecimiento de la población», subrayaba la Comisión.

El informe concluía que no se cumplía el criterio de déficit, aunque la Comisión no propuso abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo en la primavera de 2023. Posteriormente, la Comisión indicó que propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit en la primavera de 2024, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. «España debe tener en cuenta esta información en la ejecución de su presupuesto de 2023 y en la elaboración del proyecto de plan presupuestario para 2024», advierte.

España, entre los que más han avanzado en el Plan de Recuperación

La Comisión Europea subraya que la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia de España ha avanzado bien. «España se encuentra entre los Estados miembros que más han avanzado en la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia», recalca.

«El 6 de junio de 2023, España presentó una modificación de su Plan de Recuperación y Resiliencia, cuyas nuevas medidas duplican su volumen con creces. Esta revisión debería ir acompañada de una capacidad administrativa suficiente para garantizar la absorción eficaz y eficiente de los fondos de recuperación y resiliencia, de otros fondos disponibles de la Unión y de fondos nacionales disponibles. En particular, España se beneficiará de una asignación mayor de subvenciones del Mecanismo. El plan revisado también incluye un capítulo de REPowerEU, que se financiará parcialmente con las subvenciones adicionales de REPowerEU. La inclusión del nuevo capítulo de REPowerEU en el Plan de Recuperación y Resiliencia permitirá financiar reformas e inversiones adicionales en apoyo de los objetivos estratégicos de España en el ámbito de la energía y la transición ecológica», añade.

«La participación sistemática y efectiva de las administraciones autonómicas y locales, de los interlocutores sociales y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo importante para la ejecución satisfactoria del Plan de Recuperación y Resiliencia, así como de otras políticas económicas y de empleo que van más allá de lo que este abarca, a fin de garantizar un amplio sentimiento de apropiación del programa de actuación en su conjunto», recuerda.

Por ello, «resulta fundamental avanzar rápidamente en la ejecución de los programas de la política de cohesión de manera complementaria y en sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para lograr las transiciones ecológica y digital, aumentar la resiliencia económica y social y propiciar un desarrollo territorial equilibrado en España».

Retos adicionales

«Además de los retos económicos y sociales a los que responden el Plan de Recuperación y Resiliencia y los programas de la política de cohesión, España afronta algunos retos adicionales relativos a la transición ecológica, las interconexiones energéticas y la vivienda social energéticamente eficiente y asequible», insiste la Comisión Europea.

Entre ellos, la necesidad de que España acelere su transición hacia la energía limpia, pese a que «está avanzando en la implantación de las energías renovables y es uno de los Estados miembros con mayor capacidad instalada de energía eólica y solar».

«España se enfrenta a una gran acumulación de solicitudes pendientes de nuevas centrales de energía renovable. Las restricciones de capacidad de la red obstaculizan una mayor integración de las energías renovables en la red eléctrica. España es uno de los países con mayor porcentaje de contadores inteligentes, pero serían necesarias más inversiones en las infraestructuras de red y almacenamiento para integrar más electricidad renovable. Entre las medidas para acelerar la implantación de las energías renovables podrían considerarse una mayor simplificación y digitalización de los procedimientos de concesión de permisos, la asignación de capacidad de red a los proyectos de manera más rápida y el apoyo a la labor de las autoridades en la tramitación de los permisos, garantizando que dichas autoridades dispongan de las capacidades y del personal adecuados, así como la mejora de la coordinación entre todos los niveles de la Administración», opina la Comisión, que recuerda que el. el nivel de interconexión eléctrica transfronteriza de España en 2022 (5,4%) sigue estando considerablemente por debajo de los objetivos para 2030 (15%).

«Se anima a España a perseverar en sus esfuerzos por reducir temporalmente la demanda de gas», señala la Comisión, que sugiere «una mayor inversión en viviendas eficientes desde el punto de vista energético», que de paso ayudaría a aliviar los problemas para la obtención de una vivienda asequible. «La oferta de viviendas sociales y asequibles sigue siendo limitada y es significativamente inferior a la media de la Unión», argumenta.

El transporte sigue dependiendo en gran medida de los combustibles petrolíferos. El sector representa una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y también contribuye a la contaminación atmosférica, que está por encima de la media de la Unión. La insuficiencia de infraestructuras y de acceso al transporte público sigue siendo motivo de preocupación en las zonas rurales. La implantación de la electromovilidad está poco desarrollada tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, denuncia la Comisión.

No obstante, la finalización de la red ferroviaria básica de alta velocidad, incluida la conexión transfronteriza, de aquí a 2030 acelerará la transición hacia la neutralidad climática y contribuirá a que el transporte dependa menos de los combustibles fósiles.

La escasez de mano de obra y de personal cualificado en sectores y ocupaciones clave para la transición ecológica, como la fabricación, la implantación y el mantenimiento de tecnologías de cero emisiones netas, está generando cuellos de botella en la transición hacia una economía de cero emisiones netas. «Para reducir la escasez de personal cualificado y promover la inclusión laboral y la reasignación de la mano de obra, es fundamental disponer de unos sistemas de educación y formación de alta calidad que respondan a las necesidades cambiantes del mercado laboral y aplicar medidas específicas de perfeccionamiento y reciclaje profesionales. A fin de aprovechar la oferta de mano de obra no utilizada, dichas medidas deben ser accesibles, en particular para las personas y en los sectores y regiones más afectados por la transición ecológica», recomienda la Comisión.

Recomendaciones

La Comisión Europea recomienda a España que tome medidas en 2023 y 2024 con el fin de:

1. Eliminar gradualmente las medidas de apoyo de emergencia en materia energética en vigor, aprovechando los ahorros correspondientes para reducir el déficit público, tan pronto como sea posible en 2023 y 2024. En caso de que fueran necesarias nuevas medidas de apoyo o el mantenimiento de las ya vigentes debido a nuevos aumentos de los precios de la energía, garantizar que dichas medidas de apoyo se dirijan a proteger a los hogares y las empresas vulnerables, sean viables desde el punto de vista fiscal y sigan incentivando el ahorro energético.
2. Garantizar una política fiscal prudente, en particular limitando el aumento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional en 2024 a un máximo del 2,6 % (21).
3. Mantener la inversión pública financiada a nivel nacional y garantizar la absorción efectiva de las subvenciones del Mecanismo y otros fondos de la Unión, en particular para fomentar las transiciones ecológica y digital.
4. Para el período posterior a 2024, seguir aplicando una estrategia de política fiscal a medio plazo de saneamiento gradual y sostenible, combinada con inversiones y reformas que propicien un mayor crecimiento sostenible, con el fin de lograr una situación fiscal prudente a medio plazo.
5. Mantener el impulso en la aplicación constante de su Plan de Recuperación y Resiliencia. Proceder a la rápida ejecución de los programas de la política de cohesión, en estrecha complementariedad y sinergia con el Plan de Recuperación y Resiliencia.
6. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Acelerar la implantación de las energías renovables, mediante, entre otras medidas, una mayor simplificación y digitalización de los procedimientos de concesión de permisos, el apoyo a la labor de las autoridades responsables de la concesión de permisos, la mejora del acceso a la red y la inversión en el almacenamiento de energía, el transporte y la distribución de electricidad y las interconexiones eléctricas transfronterizas.
7. Aumentar la disponibilidad de vivienda social asequible y eficiente desde el punto de vista energético, por ejemplo, mediante la renovación, y acelerar la electrificación de los edificios y la implantación de la electromovilidad. Intensificar las iniciativas dirigidas a proporcionar y adquirir las capacidades y competencias necesarias para la transición ecológica.