Lo anunciaba el Club de Exportadores e Inversores Españoles, las exportaciones españolas están perdiendo dinamismo durante 1973 y aunque el déficit comercial sigue reduciéndose desde enero, lo hace a un ritmo inferior al registrado en el primer cuatrimestre de este año. Hasta mayo se redujo un 48,6%, hasta 14.065,2 millones de euros, en comparación con los 26.569,7 millones de euros, pero hasta abril este descenso de nuestro desequilibrio comercial era del 50%, siendo destacable también que esta reducción tiene como elemento fundamental el desplome del 35%, hasta 9.000 millones, del déficit energético.

Las compañías españolas empiezan a acusar la debilidad exterior. Algunos de los mercados principales para nuestro país como Alemania, Italia o Países Bajos, están estancados y sufren por la subida de los precios, el aumento de los tipos de interés y, sobre todo, por el encarecimiento de los costes energéticos, que lastra sus manufacturas y producción industrial. Y ello se acompaña, además, de un descenso continuado en las importaciones.

Un síntoma más del enfriamiento acelerado que está experimentando nuestra economía y que empieza a afectar a un sector que ha sido clave en la recuperación de los niveles de crecimiento postpandemia, pero que está siendo ya evidente y manifiesto en  las ventas de las grandes empresas que cayeran otro 0,9% en junio y acumulen ya tres meses de caídas y que España encadene también tres meses perdiendo empresas. Los datos oficiales muestran que el número de empresas inscritas en la Seguridad Social se sitúe en 1.325.910 al finalizar el segundo trimestre, 12.700 empresas menos que en abril, y cifra inferior a las que había en 2019, antes de la pandemia del COVID. Sólo en junio desaparecieron 5.600 empres y el número de quiebras desde que gobierna Pedro Sánchez es el mayor desde la crisis financiera del año 2008.

Mortalidad empresarial y descenso del negocio que se refleja también en el número de contratos registrados, que en  julio ha sido de 1.431.383, lo que supone un descenso de 224.132, el 13,54%, sobre el mismo mes de 2022. Al tiempo que la contratación acumulada en los siete primeros meses de este año es inferior en 2.133.212 contratos un 19% menos, a la de enero-julio del año pasado.

Añadir a todo esto que, como refleja el último Observatorio de la Morosidad, elaborado por la Confederación Española de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) el coste financiero de la deuda comercial de las pymes se ha duplicado en un año hasta alcanzar la cifra de 2.366 millones de euros en el segundo trimestre de este año, frente a los 1.192 millones del los mismos meses de 2022, y alcanza su nivel más elevado desde septiembre de 2009, en plena crisis de las hipotecas.

Un aumento de costes que, como refleja también el informe de Cepyme, supone que el esfuerzo financiero de las pequeñas y medianas empresas, que en el caso de la deuda comercial se eleva a 1.291 millones, se haya incrementado en casi 1.300 millones de euros, un 201% interanual.

Y todo esto en un contexto en el que la inflación ha supuesto un desafío para las empresas  que han tenido que adaptar sus estrategias a un entorno cambiante  y se han visto obligadas a subir los precios lo que produce una caída de la producción con el mismo empleo, ello se traduce en un descenso de la productividad del trabajo. Circunstancia que, como resaltan desde el Banco de España, “al no haber efectos sobre el empleo y el salario medio, la masa salarial no se ve afectada, pero la caída de la productividad genera, a corto plazo, un aumento del coste laboral unitario”, lo que se traduce en un descenso de la productividad. que en el segundo trimestre del año volvió a tasas negativas al caer un 1,1% y a confirmar que el empleo que se genera está asociado a puestos de trabajos de baja calidad. Así nos va y lo que es más preocupante, es que el riesgo de inseguridad jurídica por las incertidumbres políticas, amenaza con una paralización y retirada de inversiones preludio de un empobrecimiento general.