Resaltaba recientemente el que fuera secretario general de la UGT, Cándido Méndez, que el próximo gobierno tendrá que asumir grandes retos económicos “con las reglas fiscales y menos recursos europeos”, por lo que concluía que de cara a la próxima legislatura “no se trata sólo de pactar la investidura, sino de llegar a acuerdos de gobernabilidad”. Sabia e interesante reflexión de un hombre, al que hoy se echa de menos en el mundo sindical por su honestidad, sus convicciones democráticas y su carácter prudente y dialogante. También en el sindicalismo se puede afirmar, con plena certeza, que cualquiera tiempo pasado fue mejor.

Pero no sólo es el regreso obligado a las reglas fiscales de la UE que exigirá un recorte de gastos de 6.000 millones de euros anuales para ajustar déficit y deuda, sino porque la amenaza de la reedición de la coalición Frankestein con la colaboración especial del huido de la Justicia Puigdemont y sus colegas de la Junts, con una economía en fase de enfriamiento acelerado, está empezando a crear profundos síntomas de incertidumbre en el mundo empresarial y financiero, a nivel nacional e internacional, hasta el punto de desde los servicios de estudios de los principales bancos e instituciones económicas anticipan ya un frenazo de las inversiones en España, tanto nacionales como extranjeras, agravada por la contracción del crédito por la subida de los tipos de interés.

Es sabido el tópico de que el dinero es cobarde, pero más que cobarde lo que es el dinero es prudente, y el temor ante un aumento de la inseguridad jurídica en España y, sobre todo de la inestabilidad política por las posibles concesiones de Sánchez a populistas, independentistas y filoterroristas está provocando ya que en destacados ambientes económicos se esté alertando ya de posibles fugas de capitales hacia otros países, con Portugal como destino preferente.

De hecho, y como han avanzado ya algunos medios de comunicación independientes, algunas grandes consultoras están recibido peticiones de grandes compañías para estudiar un posible cambio de sede, siguiendo el ejemplo de Ferrovial, por si se confirma el acuerdo de gobierno de Sánchez con los partidos que quieren destruir la democracia, la economía de mercado y el sistema constitucional.

Un primer síntoma de esta inquietud empresarial se está reflejando ya en la evolución de la recaudación tributaria que se sostiene fundamentalmente por el IRPF, mientras que el tributo aplicado sobre las empresas, el Impuesto de Sociedades, acumula una recaudación total de 2.788 millones de euros hasta junio, prácticamente la mitad de los 5.417 millones que sumaba en el primer semestre del año pasado, con datos de la propia Agencia Tributaria.

Caída de ingresos tributarios que se corresponde con el declive del indicador de beneficios empresariales entre enero y junio y que está teniendo ya efectos negativos sobre el mercado de trabajo como muestran los datos oficiales del paro registrado en julio que muestran como el número total de contratos registrados ha sido de 1.431.383. lo que supone una bajada de 224.132 (-13,54%) sobre el mismo mes del año 2022, mientras que la contratación acumulada en los siete primeros meses de 2023 ha alcanzado una cifra de 9.094.209, que son 2.133.212 contratos menos (-19,00%) que en igual periodo del año anterior. Y si miramos a la Seguridad Social vemos como en el periodo enero-julio de 2023, la afiliación media ha crecido en 595.614

Este incremento, es muy inferior a los que se produjeron en julio de 2021 y 2020, en que los incrementos fueron respectivamente de 161.217 y 91.451.

A ello se suma que, volviendo al mandato europeo sobre el cumplimiento de las reglas fiscales, el Banco de España ha confirmado que la Administración del Estado es decir la que manejan Sánchez y sus chicas económicas -Calviño, Yolanda, Montero- ha alcanzado una deuda de 1,397 billones de euros al cierre del primer semestre, cifra que supera en 102.252 millones la registrada un año antes y que eleva el conjunto de la deuda pública española al 113% del PIB frente al máximo del 60% exigido por Bruselas. Yen el caso del déficit las estimaciones de todos los analistas apuntan a que cerrará 2023 en un 4,1% sobre el PIB, más de un punto por encima del nivel del 3% al que estamos obligados.

Son datos y compromisos que, como afirma Cándido Méndez, exigirían grandes acuerdos de gobernabilidad. Sería lo lógico, lo democrático y lo deseable. Pero en la España de Sánchez la lógica ni está ni se la espera y la calidad democrática se encuentra bajo mínimos. ¡País!