Cuenta el Evangelio la ira de Jesucristo expulsando a los mercaderes del Templo a los que recriminaba haber convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones. Pues algo similar está ocurriendo aquí y ahora con el Parlamento español. La casa de la democracia y de todos los españoles sin distinción de ideologías, creencias, raza o condición, que ha devenido en una especie de cueva de Alí Babá por mor de una Ley Electoral injusta y discriminatoria que prima el voto de los nacionalismos, y de un presidente del gobierno en funciones que incapaz de aceptar su derrota electoral ha puesto España en venta, sometiéndola a la puja de quienes quieren destruirla.

Unos licitadores que, en el caso de los secesionistas catalanes de Junts per Catalunya y de ERC ya han puesto precio: el referéndum de autodeterminación y la amnistía para los golpistas, incluido el fugado Puigdemont. Peticiones que no pueden pagarse por inconstitucionales pero que Sánchez no dudará en satisfacer con subterfugios si es imprescindible para su investidura con la colaboración inestimable de Conde Pumpido desde el Tribunal Constitucional, que para eso le impuso.

Demandas a las que, por si acaso, Sánchez y sus monaguillos del gobierno han respondido con una contraoferta, más acorde con la legalidad pero no menos vergonzosa, como es la condonación de los70.000 millones de deuda que tiene Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es decir con el Estado, que pagamos todos los españoles.

Recordar que Cataluña, con más de 80.000 millones, es la comunidad que mantiene un mayor endeudamiento con el Estado y que el perdón de la práctica totalidad de esa deuda supondría no sólo poner en grave riesgo la solvencia de una administración española ante los mercados y los inversores internacionales, y con ella la del conjunto de las administraciones del país, sino que aumentaría de forma escandalosa la discriminación entre las comunidades autónomas españolas, penalizando a las regiones más austeras y cumplidoras como Asturias. ¿Qué tienen que decir a esto los barones socialistas como García-Page, Lambán o Adrián Barbón? ¿Van a defender a los ciudadanos de sus comunidades respectivas o seguirán sumisos ante el atropello?

Pero no son estos los únicos actores en la rifa. También han pujado los filoetarras de EH Bildu, que exigen también su consulta de autodeterminación, además de las excarcelaciones de los terroristas y ahora, también, la alcaldía de Pamplona.

Y tampoco podían  faltar a la subasta, Coalición Canaria, otro especialista del “qué hay de lo mío”, el trapicheo y el cambalache. Y, sobre todo, el PNV, cuyo presidente Andoni Ortuzar se ha jactado de haber frenado a la derecha, sin querer siquiera sentarse a negociar. Y lo decía el presidente de un partido, el PNV, representante de la burguesía vasca más conservadora y heredero de carlismo más casposo y rancio. Un PNV especializado en la mercadería política y en la traición – qué le pregunten a Rajoy- y cuyo lema es “Dios y leyes viejas”.  Claro que, ahora, como otros, pretende autocalificarse como progresista. Palabra esta que, probablemente, sea hoy el vocablo más prostituido y falseado de todo el léxico español.

Porque como progresistas se definen también los podemitas y demás socios de SUMAR amigos de Putin y correligionarios de los dictadores bananeros de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los que quieren acabar con la economía de mercado para sustituirla por un sistema colectivista. Los que intentan acabar con la propiedad privada, defienden la nacionalización de empresas y sectores, la intervención en actividades reguladas y la okupación. Los que colonizan las instituciones democráticas, atacan  la independencia de los jueces y quieren acabar con la libertad de prensa y la división de poderes enterrando a Montesquieu. Los que defienden y provocan la intolerancia y el frentismo frente al diálogo y la convivencia. Y los que se apoyan en todos ellos para conseguir o mantenerse en el poder.  ¿Hay quien dé más?