El Gobierno ha creado la Oficina de Lucha contra la Discriminación en el ámbito laboral. Este organismo, dependiente de la Inspección de Trabajo, perseguirá la desigualdad en el acceso al empleo o en el propio desempeño del trabajo, especialmente entre hombres y mujeres, pero también la que padezcan personas con discapacidad, o por motivos de edad, raza, religión, condición social y otras. Uno de sus objetivos principales será lograr la igualdad salarial.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la orden de creación de la Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación, el nombre completo de este organismo adscrito a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyo nacimiento se recoge en el propio plan estratégico de la Inspección aprobado en noviembre de 2021.

La Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación se centrará en perseguir el objetivo de lograr la igualdad en el ámbito del trabajo; no solo en el puesto de trabajo en sí, sino también en el acceso al empleo, en la formación profesional y en facetas como la promoción profesional; aunque su foco principal serán los salarios, afirma el ministerio de Trabajo.

Su función será coordinar todas las acciones de lucha a favor de la igualdad en el ámbito laboral, con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. “Velará por que toda la actividad de la Inspección se lleve a cabo con perspectiva de género”, afirman desde el departamento dirigido por Yolanda Díaz.

También combatirá otras formas de discriminación, como las que se producen por razón de edad, discapacidad, origen racial o étnico, condición social, religión, ideas políticas, orientación o identidad sexual, además de la motivada por el género.

“Nuestro país tiene una legislación de vanguardia”, afirman desde el Ministerio, con “un cuerpo normativo muy amplio”. Una legislación que guiará las políticas que la nueva Oficina ayudará a aplicar.

Entre las funciones de la nueva Oficina destacan coordinar la acción inspectora relacionada con la discriminación, lograr una actuación homogénea en todo el territorio nacional, analizar las transgresiones de la norma y establecer mecanismos correctores, así como facilitar la coordinación con otros organismos y otras Administraciones.