Javier Rodríguez, secretario general de AEB; María José Segarra, fiscal de la sala de Discapacidad y Mayores; Alberto Ríos, director general de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España; Cristina Freijanes, secretaria general de UNACC, y Fernando Conlledo, secretario general de CECA.

La Fiscalía General del Estado, las asociaciones bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España han firmado un protocolo de colaboración para garantizar la autonomía de las personas con discapacidad en relación con los servicios y productos bancarios. El convenio ha sido suscrito por el director general de Conducta Financiera y Billetes del Banco de España, Alberto Ríos; por la fiscal de sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, y por los secretarios generales de las tres asociaciones bancarias: Javier Rodríguez, de AEB; Fernando Conlledo, de CECA, y Cristina Freijanes, en representación de UNACC.

El convenio sienta los cauces para que la práctica bancaria se adecúe al nuevo
tratamiento legal a la discapacidad marcado por la legislación (Ley 8/21), que potencia
que las personas con discapacidad puedan tomar sus decisiones de forma autónoma, y
pretende colaborar en el impulso progresivo de las adaptaciones necesarias para que
puedan operar por sí mismos en el ámbito bancario, incluyendo, entre otras, la
información en lenguaje accesible.

El acuerdo también prevé la constitución de un grupo de trabajo estable, en cuyo seno
se estudie la función que deben desempeñar las nuevas figuras de apoyo reconocidas
por la ley de discapacidad y se analicen también las cuestiones prácticas que se deriven de su aplicación, conjugándolas con la seguridad jurídica que requiere la actividad bancaria.

La norma eliminó las incapacitaciones y con ellas a los tutores legales, desjudicializando la vida de las personas con discapacidad y estableciendo un sistema
de provisión de apoyos, en el que adquiere especial relevancia el guardador de hecho.
Esta figura constituye un tipo de apoyo informal, sin aval judicial, que viene a ser ejercido habitualmente por la familia y cuyo papel en la operativa bancaria ha sido ya canalizado en un documento consensuado, que verá la luz de forma inmediata.

El protocolo firmado contempla un funcionamiento dinámico del grupo de trabajo que
abordará los problemas que la adecuación a la ley vaya desvelando en el día a día de
la operativa bancaria, de manera que no solo se propongan soluciones, sino que estas
se apliquen de manera ágil y eficiente en beneficio del colectivo, la defensa de cuyos
derechos es uno de los cometidos de la Fiscalía.

El acto de firma ha tenido lugar en la sede del Banco de España. Esta institución, que
ha firmado el acuerdo en calidad de observador, participará como tal en el grupo de
trabajo, dadas sus funciones de supervisión del cumplimiento de las normas de
protección del cliente de las entidades de crédito y para favorecer la inclusión en los
servicios bancarios de las personas vulnerables.

Protocolo de protección patrimonial

La Fiscalía y las asociaciones bancarias han firmado también un segundo protocolo
complementario, que tiene por objeto la protección de los intereses patrimoniales de las
personas con discapacidad o que se encuentran en determinadas situaciones de
vulnerabilidad.

Este convenio articula una fluida comunicación entre los bancos y las fiscalías
territorialmente competentes para la puesta en conocimiento de aquellas situaciones
que puedan poner en peligro la seguridad económica del titular, al revelar situaciones
de abuso o influencia indebida en su voluntad, y que activará la investigación del
Ministerio Fiscal.