Comisiones Obreras (CCOO) ha rechazado hoy que la oferta de empleo público (OEP) anunciada ayer por el Gobierno suponga la creación de empleo neto en la Administración General del Estado. Para el sindicato, teniendo en cuenta las bajas que se produjeron el año pasado en esta Administración, la convocatoria debería ofrecer al menos 42.500 plazas; o sea, un 7,4% más de las casi 39.575 plazas previstas, para poder ser considerada superior a la de 2022, en términos homogéneos.

El sindicato, que no ha firmado la oferta pactada con el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF, ha mostrado hoy su disgusto por la forma en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cerrado esta oferta de empleo público para 2023 en la Administración General del Estado (AGE).

En primer lugar CCOO culpa al Gobierno por retrasar la oferta, que debería haberse aprobado en el primer semestre de este año. Además, reprocha al Ejecutivo la falta de negociación, y la ausencia de documentación sobre esta oferta, lo que convierte en “imposible realizar una evaluación” en detalle sobre los puertos ofertados.

El retraso en la oferta no es baladí, continúa CCOO. De hecho, entre los retrasos y el “alto número de plazas que resultan vacantes” en estos procesos selectivos, la consecuencia es que estas ofertas de empleo público “sean poco efectivas”.

Las bajas crecen un 20% en 2022

Según los cálculos de la central, la AGE ha perdido unos 4.270 efectivos en los últimos cuatro años. Solo el pasado 2022, el número de bajas por jubilación, muerte y otras causas superó en un 20% el del año anterior.

Por tanto, concluye CCOO, cualquier oferta de empleo público que no incremente al menos un 25% la oferta de 2022 será “inferior en términos homogéneos”, aseveran.

Según el Gobierno en los últimos cinco años se han ofertado cerca de 183.500 plazas, casi el triple que durante los cinco años anteriores; con tres “récords consecutivos” en las convocatorias de 2021 —unas 30.500 plazas—; 2022 — más de 34.000, aunque superan las 44.000 si se cuentan las destinadas a estabilizar el empleo temporal —, y 2023 — las ya citadas 39.575 plazas —.

Sin embargo, Comisiones Obreras cuestiona estos datos. Para empezar porque la oferta de este año 2023 se ha retrasado hasta el segundo semestre. Y luego porque, paralelamente, en 2022 se incrementó un 20% el número de bajas por jubilación, fallecimiento y otras causas respecto al año anterior en la Administración General del Estado. “Cualquier oferta que no incremente al menos un 25% sobre la de 2022 será inferior en términos comparativos homogéneos”, advierte el sindicato.

Por tanto, para el sindicato la oferta de empleo público debería haber ofertado al menos 42.500 plazas en 2023 —en lugar de las cerca de 39.575 anunciadas— para poder afirmar que es superior a la del año anterior, como sostiene el Gobierno.

Pocas plazas en el escalón más bajo

Además, el sindicato —satisfecho con los 2.500 puestos destinados a la Seguridad Social (500 más de los previstos)— critica la escasa oferta de plazas en los peldaños más bajos del escalafón; tanto en el ingreso libre, con apenas 1.075 plazas del más bajo nivel C2; como en las de promoción. “Es la única puerta de entrada a la Administración Pública para personas con un nivel de estudios básico”, lamentan.

“Las cifras siguen presentando dudas sobre si de verdad una huna generación de empleo público neto en la AGE”, matiza el sindicato, que reprocha la “ausencia de datos respecto a las bajas del período anterior”.

El Gobierno, en cambio, alabó las 39.574 plazas anunciadas; casi un 16% más que un año atrás; también récord, al igual que el anterior 2021, en este sentido.

Según las cifras del Ejecutivo, del total de 39.575 plazas, unos 27.250 corresponden al turno libre; de las cuales 8.625 suponen creación de empleo neto. Otras 12.328 plazas serán para promoción interna.

Unas tres cuartas partes de la oferta anunciada corresponde a la AGE; más de 29.800 plazas.

La Administración de Justicia incluye más de 1.900 plazas, “la mayor oferta de los último siete años”, adujo el Gobierno, que mantiene un contencioso con el personal de esta Administración.

Otros 2.835 puestos se reservan para la Policía Nacional, en números redondos; junto a otros 2.875 para la Guardia Civil.

Según el Gobierno casi el 45% de las plazas anunciadas servirán para reforzar la atención directa al ciudadano; un extremo que niega el sindicato CCOO.

En la Seguridad Social, de las 2.500 plazas anunciadas (500 más de las pactadas con los sindicatos, según CCOO), más de 1.000 irán destinadas a gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV).