Fernando Restoy, presidente del Financial Stability Institute del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés). Fotografía de Manuel Casamayón /Apie.

Fernando Restoy, presidente del Financial Stability Institute del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) realiza en el XL Seminario de la Apie en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander un análisis muy didáctico sobre las quiebras de bancos en EEUU y de Credit Suisse. Aunque se trata de entidades muy distintas, detecta una pauta similar: «evidencia de debilidades provocan correcciones de precios en Bolsa que generan pérdida de confianza, salida masiva de de depósitos y crisis de liquidez que terminan deteriorando la solvencia».

Lo nuevo de los últimos casos es «la enorme intensidad y rapidez de la fuga de depósitos» que corrobora que la estabilidad de éstos es «esencial» para la banca comercial.

También subraya que la mejor manera de combatir una fuga de depósitos es «una comunicación eficaz de actuaciones concretas», como pasó en España tras la crisis de 2008.

Restoy, ex subgobernador del Banco de España, ve fallos: la no aplicación de Basilea III y de pruebas de resistencia a entidades de cierta dimensión, como el Silicon Valley Bank; imperfecciones de las normas sobre requisitos de liquidez y sobre el control del riesgo de tipos de interés. También critica que en EEUU se optara por garantizar todos los depósitos de entidades no sistémicas, cuando se trata de una medida pensada para las que sí lo son, y que en Suiza se aplicaran fórmulas al margen del marco de resolución de entidades sistémicas.

Reconoce que la supervisión es «insuficiente para corregir modelos de negocios insostenibles, gobernanza pobre y mecanismos deficientes de gestión del riesgo». También cree que «la cultura supervisora es insuficientemente intrusiva: tarde en identificar los problemas y aún más en exigir su corrección». Además, la regulación no desincentiva la deficiente gobernanza y gestión del riesgo.

El presidente del FSI cree que la banca en Europa «es algo menos vulnerable» porque su base de depósitos es más estable y tiene un mayor porcentaje de los que están garantizados. En cambio, tiene «síntomas claros de exceso de capacidad, como baja rentabilidad y eficiencia», que se manifiestan en «bajas valoraciones de mercado».

Además, los procedimientos supervisores recogen explícitamente la valoración de la sostenibilidad del modelo de negocio, y la calidad de la gobernanza y de la gestión de riesgos; incorporan medidas cuantitativas (capital y liquidez) como cualitativas (estrategia, gestión). Pero son «excesivamente complejos, algo mecanicistas y están excesivamente centrados en la disponibilidad de capital».

Restoy critica la ausencia de mecanismos eficaces de gestión de la crisis de entidades medianas, y de un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) que complete la Unión Bancaria.

Propuestas para mejorar la supervisión

• Reforzar la sensibilidad al riesgo, evitando enfoques rígidos, adaptando la actuación supervisora al perfil de cada entidad
• Simplificar y acortar la valoración supervisora anual, separando la valoración del perfil de riesgo de la determinación de los requisitos de capital
• Corregir el excesivo ‘capital-centrismo’, con mayor actuación a medidas cualitativas
• Evaluar el perfil de riesgo de cada entidad en función de su capacidad para hacer frente mediante medidas cualitativas a sus debilidades
• Ligar los requisitos de capital a los riesgos que precisan con mayor cobertura, y hacerlo con metodologías propias, no con los modelos internos de cada entidad
• Anclar los requerimientos individuales en la evaluación de las necesidades de capital del conjunto del sector
• Reforzar la capacidad de gestionar crisis de bancos medianos, facilitando la transferencia a otra entidad con apoyo del FGD nacional, y facilitar acceso al Fondo Único de Resolución (FUR) para los bancos que desaparecen
• Resolución, con apoyo del FGD y del FRU, opción básica para bancos cuya crisis puede generar efectos sistémicos, restringiendo el apoyo público