Concentración de delegados y delegadas sindicales de la Administración de Justicia, frente al Ministerio de Justicia
Jesús Hellín – Europa Press

Una “gran manifestación”, como desean los sindicatos, coronará mañana el cuarto día de huelga de los funcionarios de Justicia. Un gigantesco pulso entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Staj, en este nuevo episodio del conflicto judicial abierto por fases en España a lo largo de 2023.

Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Staj han convocado este jueves, 25 de mayo, en Madrid una “gran manifestación” en demanda de aumentos de sueldo y una negociación de la ley que dicta sus condiciones laborales. La manifestación recorrerá las calles de la capital coincidiendo con el cuarto día de huelga indefinida de los 45.000 trabajadores de Justicia.

Los sindicatos quieren hacer mañana una demostración de fuerza después del calendario de paros, primero intermitentes, e indefinidos desde el pasado lunes que vienen manteniendo a fin de doblegar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, y a la de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, especialmente después de los acuerdos alcanzados entre éstas últimas y los letrados, primero, y luego con los jueces y fiscales.

El Gobierno aduce que los trabajadores de Justicia prestan funciones en un entorno complejo, con competencias transferidas en una docena de las 17 comunidades autónomas. Se aferra el Ejecutivo además al acuerdo general firmado con los empleados públicos para el conjunto de la Administración, que fija una subida salarial del 8% al 9,5% al término del trienio 2022-2024.

Situación delicada, con 350.000 juicios suspendidos

Sin embargo, los trabajadores de Justicia ven esta como su gran oportunidad, después de que el Ejecutivo haya capitulado y firmado sendos acuerdos, primero con letrados, después con jueces y fiscales, que les supondrá un aumento de sueldo de unos 450 euros mensuales.

Los trabajadores de Justicia – profesionales entre los que se encuentran médicos forenses, gestores y técnicos de laboratorio, tramitadores y auxiliares – reclaman una subida similar; de entre 430 euros para los de mayor rango y de 350 para los de la escala inferior; y acusan al Ejecutivo de “clasista” al negar a estos funcionarios lo que consintió en letrados, jueces y fiscales.

Ven incluso los trabajadores un acicate en la distribución competencial del modelo español de Justicia. Y enarbolan el acercamiento de los huelguistas en el País Vasco con el Gobierno autónomo, con competencias en la materia, arreciando en sus críticas al Ejecutivo central si permite esta “discriminación salarial”.

El seguimiento de la huelga de los trabajadores de Justicia se cifra, por los propios huelguistas, en un 85%; mientras instan a sus compañeros a redoblar “la presión”. “Ahora más que nunca”, claman.

El mosaico de huelgas en Justicia ha provocado ya la suspensión de 350.000 juicios y vistas, derivados de la larga huelga de los letrados en un formidable atasco de legajos que bastó para que el Gobierno cediera a la presión de jueces y fiscales, incluso antes de que estos llevaran a cabo ni un solo día de huelga.

Según los sindicatos, hay juicios suspendidos cuyos nuevos señalamientos se están fijando para 2024 y 2025 debido a esta situación de la que culpa a la “inacción” de los responsables del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los sindicatos quieren negociar una subida del complemento general. Pero también insisten en abrir en canal la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) y clarificar qué funciones les impondrá este texto legal.

“Modificará nuestras condiciones laborales y el modelo organizativo de los órganos judiciales”, recuerdan las centrales, que piden que se aclaren cuáles serán sus funciones, así como una mejora retributiva por la asunción de nuevas tareas prevista.