Junta de Ferrovial (Fotografía de Alberto Ortega/ Europa Press).

La junta general de accionistas de Ferrovial, a la que asistió el 77,6% del capital (entre presentes y representados), aprobó con «mayoría suficiente» la propuesta del consejo de administración de fusión con la filial en Países Bajos, lo que implica la mudanza de la sede social, para facilitar la doble cotización del grupo en las Bolsas europeas y en Wall Street.

El 93,3% de los accionistas de Ferrovial que han ejercido su voto en la junta ha votado a favor de la propuesta para trasladar su sede social a Países Bajos, según consta en el acta de la junta.

El resultado de la votación en la junta convierte en fundamental lo que haga el 6,7% que ha votado en contra. Si un 2,56% de los accionistas ejerce el derecho de separación en el plazo de un mes, la operación no saldrá adelante, puesto que la contraprestación a pagar por Ferrovial superará el límite de 500 millones€ que la empresa fijó en las condiciones de la operación.

No obstante, todos los accionistas que han intervenido en la junta se han mostrado a favor de la operación, criticando incluso que el Gobierno se haya manifestado de forma contraria a la ejecución de este traslado, por lo que no se espera que un porcentaje significativo ejerza su derecho de separación.

La Bolsa aplaudió el resultado de la junta de Ferrovial, y sus acciones llegaron a subir un 1,25%, aunque al cierre de la sesión el incremento se quedó en el 0,92%, hasta los 27,39€ por acción.

El Gobierno, por su parte, expresa su respeto por la decisión de los accionistas de Ferrovial y asegura que trabaja para atraer inversión y favorecer que las empresas en España puedan crecer, crear empleo y acceder a los mercados financieros desde el país «en las mejores condiciones posibles».

En Economía insisten en que «como ha quedado claro, por los análisis del supervisor del mercado de valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME), las empresas cotizadas en España pueden cotizar en la Bolsa norteamericana si así lo solicitan, ya que no existen obstáculos legales, normativos o de operativa que lo impidan»

El único fleco abierto ahora será el del coste fiscal de esta operación, los impuestos a pagar por el traslado. El Gobierno ya ha advertido a la empresa que si la Agencia Tributaria no encuentra motivos económicos para realizar la operación, se anularán las ventajas fiscales por fusiones transfronterizas.

En este sentido, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, deja muy claro que el Gobierno «en su caso, vigilará si es necesario hacer algún tipo de medida desde el punto de vista fiscal y de seguimiento de la empresa».