Como el dictador Franco que tanto le obsesiona Sánchez quiere dejarlo todo atado y bien atado. Y para ello cuenta con la inestimable, que no desinteresada colaboración de sus socios parlamentarios de la Frankestein, los golpistas catalanes de ERC y los herederos de los terroristas de ETA, a los que indulta y blanquea porque el todavía presidente del gobierno tiene sobradamente demostrado no repara en medios ni en escrúpulos para alcanzar sus objetivos.

Y ahí están si no las enmiendas conjuntas de ERC y Bildu a la ley del “Si es Si” que han propuesto al gobierno y que gustan más a Sánchez que el apoyo del Partido Popular, entre las que se incluye una por la que se pretende que los medios de comunicación den “detalles morbosos” de las agresiones sexuales, además de prohibir las pruebas que estén bajo secreto del sumario. Restricciones a la libertad de información cuyo incumplimiento podrá acarrear consecuencias penales o administrativas, como en los mejores tiempos del franquismo.

Eso, con el añadido de que, a todos los jueces de los tribunales de audiencias, superiores de justicia, Supremo y Constitucional se les quiere obligar ha realizar una formación obligatoria en perspectiva de género y sobre violencia contra las mujeres, además proponer que en los temarios de oposiciones a cualquier puesto de Justicia incluyan la violencia de género y el “sesgo cognitivo de género y su influjo en la decisión judicial”. Lo que se parece demasiado al adoctrinamiento.

Una ley del silencio al más puro estilo de las dictaduras bananeras del centro y sur de América que ya está afectado, aún sin promulgarse al recuento de las rebajas de condena y las excarcelaciones de violadores y delincuentes sociales que, como han reconocido desde el Consejo General del Poder Judicial superan ampliamente las cifras conocidas. En concreto en el máximo órgano de gobierno de los jueces se habla ya de más de 900 reducciones de condena y de en torno a cien condenados que han salido de la cárcel porque hay Audiencias provinciales como las de Barcelona, Valencia y el País Vasco que han decidido no ir haciendo públicas sus resoluciones sobre la aplicación de esta nefasta y disparatada ley del ministerio de Irene Montero pero que, no olvidemos, fue respaldada por Pedro Sánchez y por el Consejo de Ministros en su conjunto cuyas decisiones, como es preceptivo, son colegiadas y de las que responden todos y cada uno de sus miembros.

El mismo gobierno y los mismos ministros que haciendo gala de un matonismo antidemocrático propio de los regímenes totalitarios se dedican a denostar y amenazar con el Fisco a Ferrovial, sus accionistas y su presidente, Rafael del Pino, por su decisión de trasladar la sede social de la multinacional a Países Bajos, por motivos estrictamente empresariales y de crecimiento y mejora del negocio.

Amenazas e improperios por parte de un Gobierno al que no le importa pisotear la libertad de empresa y de mercado que consagran nuestra constitución y los principios de la Unión Europea que prohíbe tajantemente todas las restricciones a los movimientos de personas y de capitales entre los Estados miembros y entre esos Estados miembros y terceros países.

Amenazas y vulneración de derechos y libertades que se producen, además, en vísperas de que España asuma la presidencia de turno de la Unión y no por defender los intereses nacionales sino única y exclusivamente por el perjuicio que la marcha de Ferrovial pueda tener sobre la imagen interna y externa de su presidente y sin reparar en los daños que ello pueda tener, y de hecho está teniendo, sobre la imagen internacional de nuestro país y sobre la caída de las inversiones extranjeras. Pero eso, para ellos, son daños colaterales que ni les importan ni les afectan en su patrimonio.