Sin caer en el negativismo de los agoreros, pero sin dejarme llevar por el triunfalismo desmesurado del Gobierno, es de justicia reconocer que lo datos del paro registrado en marzo son buenos sí, pero buenos ma non troppo, o lo que es lo mismo con reservas y, sobre todo, con la duda de si estamos de verdad ante una recuperación de nuestro mercado laboral o sólo ante un espejismo pasajero.

Porque, al margen de que el dato de marzo viene siempre dopado por el aumento de la contratación en los servicios derivado del efecto de la Semana Santa, el problema está en que los datos oficiales del paro registrado adolecen de dos defectos esenciales que los hacen poco creíbles, cuando menos. Primero, que los parados no se cuentan mal pero no se cuentan todos los que son ni todos los que están. Y segundo por la contabilización de y definición de los contratos derivadas de la contrarreforma laboral de Yolanda Díaz.

En el caso de los desempleados el análisis real de nuestro mercado laboral muestra que el número total de personas en el paro se eleva a 3.403.397, es decir 541.137 parados más que los que nos están vendiendo. Cifra que resulta de añadir a los 2.862.260 registrados por el SEPE, los 204.673 que están en cursos de formación, los 321.085 que se incluyen bajo el epígrafe de “con disposición limitado o demanda de empleo específico” y los 15.379 trabajadores que al finalizar marzo estaban en un ERTE. Por cierto, que son 755 más que los que había en febrero.

Y en lo referente a la contratación vemos que, como recoge el último informe del Gabinete de Estudios de USO, el total de contratos registrados en marzo ha sido de 1.315.095, lo que supone un descenso del 21,34%, 356.746 menos que en el mismo mes del año 2022. Caída que se repite también en la contratación acumulada en los dos primeros meses de 2023 que suma 3.600.646, que suponen 1.111.584 contratos menos, el 23,59%, que en igual periodo del año anterior. Por lo que, si la contratación es un indicador de la actividad económica, esta nos indica que se está produciendo una ralentización de la actividad que está afectando ya al empleo.

Cierto es que en marzo de 2023 se han registrado 615.674 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 46,82% de todos los contratos, pero de estos indefinidos totales sólo el 46,1%, 284.208, lo son a tiempo completo, mientras que el resto, 331.466, el 53,9% son a tiempo parcial o fijos discontinuos, subiendo estos últimos un 70,67%. Esto explicaría en parte que es que las horas trabajadas en España sigan todavía por debajo de las que había antes de la pandemia, situándose en 654.538 horas semanales frente a las 662,607 de 2019, con una caída anual de 419.551 horas.

Además, y como viene siendo habitual en los últimos meses, también en marzo se han realizado más contratos indefinidos que personas los han suscrito. En concreto, más de 33.118, han sido objeto de más de un contrato indefinido, reflejando que se trata de contratos que están implementado el pluriempleo y que desde el sindicato USO relacionan “con el incremento de la contratación a tiempo parcial, o bien, se les ha rescindido el contrato y se les ha vuelto a contratar”.

A la vista de todo ello no es extraño que tanto en el Gabinete de Estudios de USO, como también desde muchos de quienes analizamos el día a día de la economía y del empleo nos preguntemos ¿cómo es posible que realizándose más de seiscientos mil contratos indefinidos el paro sólo disminuya menos de 50.000 personas, y la afiliación a la seguridad social se incremente en 3 veces menos que el número de contratos indefinidos? ¿Cuánto han durado estos contratos?  Y, si ¿volvemos a tener “contratos cerilla”, que se consumen al día siguiente de usarlos? No los expliquen.