Los tribunales españoles tienen mucho trabajo para imponer sus decisiones al resto de la montesquiana división de poderes. Si las autoridades catalanas son sus principales clientes, también el Senado vio limitada sus competencias al acatar la orden del Tribunal Constitucional al prohibir que se votar la renovación de los componentes del alto tribunal, que llevaban más de cuatro años con el mandato caducado.

Esta decisión creó una evidente polémica por cercenar las competencias del poder legislativo, pero los mismos que se escandalizaron el pasado diciembre vieron con buenos ojos decisiones que antes habían tomado con normas del Parlament de Catalunya, con la diferencia que en este caso tanto la mesa de la Cámara autonómica como el pleno hizo caso omiso (por entender que esta decisión violaba la autonomía parlamentaria) y se votó en el Pleno. Como consecuencia los diputados que permitieron el debate fueron encausados y sistemáticamente los tribunales les condenaron con penas de in habilitación por desobediencia.

También el presidente de la Generalitat Joaquim Torra fue destituido por desobedecer la orden de los tribunales para que retirara una pancarta del palacio presidencial. En Catalunya la colección de altos cargos procesados por defender que en un Parlamento se puede hablar de todo es muy larga. Tambien han destituido a un parlamentario catalán (Pau Juvillà) por no retirar una pancarta en su despacho en el ayuntamiento de Lleida, de la que era concejal. Un caso diferente fue el del diputado canario de Podmos Alberto Rodríguez, que fue condenado por que un policía aseguró que le había dado una patada en una manifestación en el año 2014 cuando no era diputado.

Mientras se está juzgando a Meritxell Serret volvió del exilio la ex consejera de Cultura Clara Ponsati y pese a su condición de diputada en el Parlamento Europeo el juez Llarena ordenó su detención, tarea que realizaron en plena luz del día y ante las cámaras de los medios de comunicación loa policía autonómica. De nada sirvió que se opusiera a su detención alegando que tenía inmunidad parlamentaria.

A ello hay que añadir que la Junta Electoral, organismo que teóricamente se constituía para controlar los comicios electorales, ha extendido su poder para dar y quitar las actas de diputados, haciendo caso omiso de los votos populares, cuyo caso más emblemático es el de Oriol Junqueras o como es el caso de Lluis Puig, parlamentario exiliado que se le impide el voto telemático.

El poder judicial se está convirtiendo en el primer poder del país por encima del resto sin que nadie se atreva a pararles los pies.