El artículo 12 de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, que obliga a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales autónomos, tendrá efecto este año, tras su desarrollo reglamentario. Si finalmente les obliga a hacerlo a través de operadores privados de servicios de mensajería electrónica, supondría un sobrecoste inasumible para pymes y autónomos. Así lo denuncian los responsables de la Confederación Española de Empresas TIC (Conetic). Además, según alerta Ray Fernández, miembro de esta organización: “Nuestros datos empresariales y fiscales estarían en manos de terceros y la ley no contempla su protección. Sería una catástrofe que se usurparan estos datos por medio de ciberataques y que las empresas sufrieran un problema que destruyera su negocio”.

“Hay que crear un reglamento, como en Italia, donde el intercambio de facturas electrónicas se hace sobre una plataforma pública, gratuita y con una sola forma de entrega, con independencia del tipo de cliente destinatario, bien sea un organismo público, una empresa privada o una persona física. Además, habría que eliminar la necesidad de comunicación de reportes fiscales, como el SII (suministro inmediato de información)”, advierte Vicente Alciturri, vicepresidente de Conetic.

Imagen: Andrea Piacquadio (obtenida en pexels.com y modificada).

Al parecer, no se está contemplando por ahora el despliegue de ninguna plataforma pública y gratuita para que empresas y autónomos puedan utilizar otros métodos de comunicación que les permita cumplir con la nueva norma, “sin costes adicionales en su facturación electrónica, usando conexiones desde sus sistemas corporativos, como ya se hace con FACe o FACeB2B,”, apuntan desde Conetic. Además, esta confederación considera un peligro extremo que los detalles de cada factura y los datos fiscales y empresariales estén en manos de terceros. Junto a ello, Conetic alerta: “La ley no especifica las medidas ante ataques a la información y las indemnizaciones ante el uso indebido por parte de terceros de la información detallada en las facturas”.

500 facturas, 25 euros/mes
En España más de 3,4 millones de empresas y 3,3 millones de empresarios individuales o autónomos. Si utilizasen los servicios de terceros para su facturación electrónica, el coste de intermediación alcanzaría, según Conetic, los 1.000 millones anuales. Por ejemplo, una pyme que emita 500 facturas tendría un coste de unos 25 euros al mes.

En 2021 en España se intercambiaron 296 millones de facturas electrónicas en el ámbito B2B (entre empresas) y 14 millones de facturas en el ámbito B2G (entre empresas y organizaciones públicas). En cuanto a las facturas electrónicas presentadas a través de FACe a las distintas Administraciones públicas (AAPP) desde 2014 —que por el momento solo son obligatorias las de importe superior a 5.000 euros—, a fecha del 31 de enero de 2021, fueron 92.131.806, sobre todo de pequeñas empresas.

Conetic ha solicitado al Consejo Consultivo para la Transformación Digital, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que el reglamento que desarrolle la ley establezca explícitamente que empresas y autónomos puedan usar una plataforma pública y gratuita para la entrega y recepción de facturas electrónicas. En definitiva, que no sea obligatoria la contratación de un servicio de intermediación con empresas de mensajería privadas.

Una oportunidad
En palabras de Tomás Castro, presidente de Conetic, “Disponer de una solución de facturación electrónica integrada y gratuita en España, permitiría a las empresas mejorar su gestión, simplificar sus procesos y ahorrar más de 4.000 millones de euros anuales, al incorporar las facturas recibidas a sus sistemas informáticos de forma automática y sin errores, y eliminando la presentación de registros fiscales, como el SII a la Agencia Tributaria”.

La intermediación de terceros, además de obligar a incurrir en costes innecesarios, “llevaría a realizar procesos de gestión ineficientes, al tener que usar dos modalidades de entrega de facturas diferenciadas según el cliente al que se le remite la factura: FACE, si es público, u otra plataforma si fuese privado”, argumentan desde Conetic. Y agregan: “Tampoco se estaría teniendo en cuenta la simplificación administrativa que se propone desde Europa para que los reportes fiscales como el SII se supriman, y que la Agencia Tributaria obtenga esos datos del contenido de las facturas electrónicas ya entregadas a una plataforma pública”. Por todo ello, Conetic solicita una pausa en la elaboración del Reglamento, a fin de revisar y comparar su modelo de solución técnica con otros proyectos de éxito ya contrastados y consolidados.

Además de estar concebida para favorecer el crecimiento empresarial, la ley Crea y Crece —que potencia los instrumentos alternativos al crédito bancario, como el crowdfunding o la financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo— incluye medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad y solvencia de muchas empresas, en especial las pymes. Entre otras medidas para combatir la morosidad, está la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos para garantizar así una mayor trazabilidad y control de los pagos. Además, el texto establece que las empresas que no cumplan los plazos legales de pago no podrán acceder a subvenciones públicas, incluidas las del Plan de Recuperación. El Gobierno prevé la creación, en el plazo de seis meses, de un observatorio estatal de la morosidad, que se encargará de hacer un seguimiento de los plazos.

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