Si hay algo que hoy es comúnmente aceptado en el conjunto de la sociedad española, y de la europea en general, es que este 2023 que acabamos de iniciar será un año plagado de incertidumbres, caliente en la política y problemático en la economía.

Dominado por la continuidad de la guerra en Ucrania y la crisis energética y con las incertidumbres derivadas del rebrote epidémico de China, aquí en España el calendario está marcado por las elecciones locales de mayo y generales de diciembre. Unos comicios que, tal vez, sean los más trascendentales desde la Transición, en las que nunca como hasta ahora están en juego la democracia, el Estado de Derecho y el sistema de libertades heredado del 78.

Elecciones para el cambio, según apuntan las encuestas -todas menos las fantochadas de Tezanos, que tendrán su primera vuelta en las autonómicas y municipales de mayo y serán determinantes para el resultado de las generales, si como apuntan las encuestas el Partido Popular consigue aumentar sustancialmente su poder territorial. Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura o La Rioja son las comunidades que podrían engrosar los gobiernos del PP, además de conservar Madrid, con amplia mayoría, y Murcia.

Y Cambio que, si finalmente se produce, obligará al Gobierno resultante a  afrontar una tormenta perfecta de cuatro crisis simultáneas: la crisis constitucional para restañar los atentados que el gobierno socialcomunista ha perpetrado contra nuestra Carta Magna y el régimen del 78; la institucional para devolver el prestigio a las instituciones y acabar con el asalto que Sánchez y sus socios han realizado en el Poder Judicial, el Parlamento y el resto de organismos reguladores y contrapoderes a los que el Estado de Derecho exige plena independencia; la crisis territorial centrada en la deriva del secesionismo catalán y como añadido una crisis económica España por la que España entrará en una fase de estancamiento o crecimiento raquítico en torno o por debajo del 1% durante el primer semestre del año con una inflación complicada y crisis de empleo.

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha advertido ya que la eurozona enfrenta a una “situación económica muy difícil”, para añadir que “con una recesión en el horizonte, la elevada incertidumbre actual hace aún más difícil que las empresas y los empresarios distribuyan su capital”. Medios próximos a la entidad que preside Christine Lagarde confirman que, las palabras de su vicepresidente son un anuncio, más que un aviso, porque el BCE necesita “una recesión en Europa para relajar el consumo y controlar la inflación sin necesidad de disparar los tipos de interés”.

En línea con de Guindos, el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, ubicado en Londres, asegura que la actividad económica mundial entrará en contracción en 2023, a partir de la suba de tasas de interés por los principales bancos centrales, mientras que desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya anuncia que el año 2023 será más duro que 2022, confirmando que las tres grandes economías mundiales, Estados Unidos, China y la Unión Europea, se están frenando al mismo tiempo.

Retos que, como afirmaba irónicamente un ex destacado dirigente del Partido Popular, van a obligar a Feijóo a “crear una Secretaría de Estado de Derogaciones en el Ministerio de la Presidencia” para, como hizo Suárez con el franquismo, desmantelar el Movimiento Nacional sanchista. Y unos resultados que, si se confirman los sondeos, van a exigir al líder popular pactar inexorablemente con Vox. Algo que sus más allegados confirman le repele, pero que deberá asumir ante la prioridad absoluta de acabar con el sanchismo y recuperar la democracia y las instituciones. “Está hablado”, afirman desde la sede popular de Génova, aunque esperan que si reproducen a nivel nacional los resultados de Ayuso en Madrid y de Juanma Moreno en Andalucía, sumando más escaños que toda la izquierda junta, será necesario pactar, pero no gobernar en coalición con el partido de Abascal.

Mientras que en el feudo socialista de Ferraz la gran incógnita está en saber si, en caso de debacle electoral en mayo, Sánchez será el candidato del PSOE en las generales o se inclinará por un exilio dorado en el refugio de la UE. “Su egocentrismo y su soberbia están por encima de los intereses del Estado y del partido”, dicen en su entorno.

Los españoles tenemos la palabra.