“Lo que procede ahora es salir del tremendismo”. Con estas palabras señalaba el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, el camino que deben adoptar el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad española entera, tras el bochornoso espectáculo dado por el populismo antidemocrático antes y después del fallo del Tribunal Constitucional admitiendo el recurso de amparo del PP y paralizando la ley con la que Sánchez y sus socios de la Frankestein intentaban forzar torticeramente la renovación del intérprete supremo de la Constitución.

Tremendismo que, en declaraciones a Click Radio y TV, Ramón Rodríguez Arriba definía como una reacción basada “en la ignorancia o mala fe y, en todo caso, con precipitación”. Circunstancias estas que han presidido las declaraciones, insultos, imputaciones y amenazas de ministros del Gobierno, parlamentarios y altos cargos de sus socios de coalición contra los magistrados del Constitucional, en particular, y los jueces, en general, a los que han tachado de fascistas y acusado de dar un golpe de Estado, precisamente lo que ellos están intentando con sus maniobras para destruir el sistema democrático y la concordia derivadas de la Transición y el régimen del 78. Cómo dice sabiamente el refranero, “cree el ladrón que son todos de su condición”.

Recordar que el Tribunal Constitucional no es estrictamente parte del poder judicial, sino un tribunal de garantías, independiente, arbitro de la democracia y que sanciona sus incumplimientos. Y lo que ha pasado en estos días con el recurso y posterior fallo del Constitucional ha sido únicamente el funcionamiento normal de los contrapoderes naturales en una democracia para evitar la deriva dictatorial de Sánchez.

Es decir, la separación de poderes básica para evitar abusos de autoridad. respetar los derechos esenciales de las minorías y acatar el sometimiento de todas las instituciones del Estado a la legalidad. Principios que Sánchez y el Gobierno han quebrantado deliberadamente intentando utilizar el trámite de enmiendas a una proposición de ley, que nada tenía que ver con las cuestiones enmendadas, para modificar una ley orgánica, despreciando el informe contrario de los letrados del Congreso y obviando los informes preceptivos del Consejo de Estado y del propio Tribunal Constitucional.

Si Sánchez fuera un demócrata y tras este nuevo revolcón, estaría llamando ya a Núñez Feijóo y al Partido Popular para buscar una fórmula de consenso y renovar de una vez el Consejo de Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional. Pero el problema es que aquí, falla la primera premisa. Sánchez no tiene ideología ni cree ni respeta las reglas democráticas. Su único ideario es él y su egolatría, su altivez y su inmensa soberbia le impiden reconocer sus equivocaciones, pedir perdón y no dedicar sus esfuerzos más que a satisfacer sus ambiciones.

Como señalan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, ambos profesores de Harvard, en su libro Cómo mueren las democracias, «deberíamos preocuparnos en serio cuando un político: rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego; niega la legitimidad de sus oponentes; tolera o alienta la violencia; o indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Un político que cumpla siquiera uno de estos criterios es causa de preocupación”. ¿Les suena?