El Ejecutivo comunitario considera que estos derechos especiales, que permiten al Estado italiano vetar fusiones o adquisiciones de las empresas en cuestión, constituyen restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.

Estos poderes, según Bruselas, disminuyen el atractivo para los inversores directos y de cartera y podrían disuadir a las empresas de otros Estados miembros de adquirir participaciones en estas compañías.

En todo caso, la Comisión retrasará un mes la ejecución de este recurso porque en sus últimos contactos con las autoridades italianas, éstas le han prometido corregir la situación «a muy corto plazo», según ha informado en un comunicado.