Como era previsible la decisión de Pedro Sánchez ha levantado olas de indignación por parte de aquellos que ante cualquier solución encuentran mil problemas. La “brigada del no” hubiera protestado igual se propusiera lo que se propusiera, incluso si no se propusiera nada. Es por ello que el coste político de hacer esta reforma del Código Penal para el presidente del Gobierno sería el mismo que se hubiera limitado a derogar el delito de sedición.

Diferentes juristas no se han puesto de acuerdo en el alcance de esta reforma y las interpretaciones son muy dispares. En cualquier caso muchos temen por el desarrollo del concepto de “desórdenes públicos agravados”, dado que no pocos temen que tenga unos efectos similares a la ley mordaza; por una parte posibilita un drástico recorte de las libertades reconocidas en la Constitución, como es el derecho de protesta, y ello no sólo afectaría a los independentistas catalanes si no a cualquier manifestación que “atente contra la paz pública”. Cualquier huelga o protesta es, en principio una intimidación, por muy pacífica que sea la protesta y como mínimo altera la “paz pública”

El redactado propuesto es considerado para muchos una chapuza jurídica. Ahora que tanto se habla de la despolitización de la justicia, con esta propuesta se deja en manos de los jueces la interpretación de hasta donde llega la intimidación o la violencia (concepto muy subjetivo y personal) e incluso castigan presuntos delitos de pensamiento.

Es de esperar que la propuesta de cambiar de nombre en el Código Penal sufra no pocas variaciones y concreciones en su tramitación parlamentaria y no deje margen a las interpretaciones.

En definitiva Pedro Sánchez le faltó valentía para lisa y llanamente sacar del Código Penal el delito de sedición y con su propuesta más que solucionar un problema abre la puerta a otros mil.