Define el diccionario de la Real Academia el término igualdad como el “principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones”. Concepto que representa la antítesis total de lo que representa el llamado Ministerio de Igualdad de este país y de lo que hacen, dicen y defienden su titular, Irene Montero, y el resto de la “banda de la tarta” que completan el staff del Departamento

Un Ministerio que cuenta con un presupuesto de 573 millones de euros para 2023, con un aumento del 9,3%, superior al 6% en que crecen los presupuestos para Educación y Sanidad o al 2,5% en que lo hacen para la Justicia. Presupuesto al que hay que sumar otros 20.319 millones correspondientes al III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres para el período 2022-2025, cifra esta que duplica el presupuesto anual del Ministerio de Defensa.

Y una ministra, la citada Irene Montero que el próximo ejercicio triplicará los cargos enchufados en su Ministerio con respecto a los que tenía en 2021 que ya nos costaban 856.790,71 euros brutos, con datos del Portal de Transparencia. Un total de 302 puestos a cargo del erario público, de los que sólo 162 requieren de estudios superiores, y cuyo coste supera ahora ampliamente los 900.000 millones. Además de los 76.355,28 euros anuales a que asciende el sueldo de la consorte del dimitido Pablo Iglesias.

Es decir que, desglosando por partidas, vemos que más del 22% del presupuesto del Ministerio se destina a gastos de personal, otro 37% a gastos corrientes en bienes y servicios y el resto a difundir propaganda de un feminismo sectario y discriminatorio, como han denunciado las organizaciones feministas tradicionales, o a impulsar leyes tan aberrantes como esa  “Ley Trans” denunciada por los colectivos médicos, los pedagogos, e incluso, por la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y otros amplios colectivos socialistas.

Todo un despilfarro administrativo impulsado, tolerado y compartido por Pedro Sánchez, similar al otro feudo podemita de Consumo, que pagamos los ciudadanos de un país como España que tiene una presión fiscal equivalente al 39% del PIB pero cuyo esfuerzo fiscal no sitúa en el cuarto lugar de los miembros de la UE, muy superior al de Noruega o Dinamarca con salarios y renta per cápita también muy superiores a los nuestros. Y un país en el que el 26,1% de la población, 12,1 millones de personas, está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Dispendio y tolerancia que convierten al presidente del Gobierno en cómplice de esa discriminación y del sectarismo intolerante cuya última y más sangrante manifestación ha sido el vergonzoso silencio y carente del más mínimo sentido de la humanidad, del Ministerio de Igualdad, su titular y sus directos colaboradores respecto al asesinato de la niña Olivia en Gijón, presuntamente perpetrado por su madre en venganza por haber perdido la custodia, tras una veintena de denuncias falsas contra el padre.

Ni una declaración de condena, ni un comunicado oficial y ni un mísero twit. Sólo silencio depravado que ha sido, asimismo, compartido por el propio Pedro Sánchez y el resto de las ministras de su Gabinete.

Claro que esto tampoco es nuevo. Ni el Ministerio de Igualdad ni tampoco este Presidente  que presume de tener el gobierno más feminista de la historia, se han pronunciado, movilizado o condenado la persecución de las mujeres en Irán y el asesinato de las jóvenes Mahsa Amini y Nika Shahkarami. Como tampoco lo han hecho nunca para protestar contra las muertes, las violaciones y las torturas de las mujeres en La India, Venezuela, Cuba y otras dictaduras de Asia y de América Latina.

Esa es su manera de entender la igualdad y el feminismo. Hipocresía, segregacionismo en función del sexo, la procedencia o el país, y falsedad. Sepulcros blanqueados que tras una apariencia sugerente sólo ocultan putrefacción y podredumbre.