El Consejo de Gobierno ha aprobado la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2011, que remitirá a la Asamblea de Madrid para su debate, después de que el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (CES) haya valorado como positivo “el esfuerzo realizado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid con la adopción de medidas que contribuyen a fomentar la actividad económica”.

Esta Ley contiene importantes medidas fiscales para luchar contra la crisis económica, que supondrán un ahorro estimado a los madrileños de 3.100 millones. Según recoge el informe del CES, «las medidas de este Anteproyecto refuerzan la rebaja de la fiscalidad que viene aplicando la Comunidad de Madrid», y destaca que «tanto las medidas tributarias destinadas a aliviar la situación de los hogares, como las tendentes a fomentar el autoempleo de jóvenes o la inversión en el Mercado Alternativo Bursátil son positivas»;.

Madrid tiene el mayor conjunto de beneficios fiscales para los contribuyentes de toda España. El Gobierno regional mantiene la deducción por adquisición de vivienda habitual en su tramo autonómico para los contribuyentes, siendo la única región que lo hace. Todos los compradores de vivienda habitual tendrán garantizada la parte autonómica de la deducción de hasta 446 euros anuales.

Además, se eleva el límite de renta familiar para deducirse gastos educativos de 10.000 a 30.000 euros por miembro de la unidad familiar y se incrementa la cuantía máxima deducible, que pasa a ser de hasta 900 euros por hijo. Las familias podrán deducirse el 15% de los gastos de escolaridad, el 10% de gastos de enseñanza de idiomas (extraescolares) y el 5% de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar. También se prorrogan deducciones de apoyo a los emprendedores y a pymes.

Sociedades de Garantía Recíproca

El CES considera que la apuesta de la Comunidad por el reafianzamiento de las sociedades de garantía recíproca es adecuada, ya que considera que “ayudará a estimular la actividad empresarial y a restablecer el tejido productivo”, lo que permitirá que la Comunidad siga avalando a los emprendedores como importantes agentes de la actividad económica.

En el anteproyecto se establece además que se aplicará el Estatuto de la Función Pública, aprobada por el Gobierno central, y la Ley de Libertad Sindical, en lo que a los recortes de los liberados sindicales se refiere,  garantizando las 40 horas que recoge el Estatuto. El CES considera que esta medida es «acertada, porque contribuye a la racionalización en el ámbito del empleo público».