Con los españoles pagando la gasolina a precio de oro, la electricidad por las nubes, la sociedad empobrecida por una inflación disparada, las empresas perdiendo competitividad y muchas pymes y autónomos abocados al cierre del negocio o a despedir trabajadores en un país que lidera el desempleo en Europa duplicando la tasa de paro media de la UE, el gobierno sigue sin ajustar el gasto y empecinado en su ofuscación ideológica irracional para no bajar impuestos.

Sólo en el primer trimestre de este año la recaudación de Hacienda ha aumentado un 20,2%, 9.200 millones de euros más, mientras que poder adquisitivo de los hogares bajará más de un 12% por el alto IPC como han explicado los analistas de Freemarket. Tenemos una de las inflaciones más altas de la UE y superior a la de Alemania, Francia, Italia o Portugal, agravada por una inflación subyacente subiendo al 4,9%, el dato más alto desde 1995, lo que supone que si quitamos la energía y los alimentos no elaborados los precios tardarán en torno a un año en bajar porque las subidas de los precios se han trasladado ya a las materias primas, los bienes intermedios y al consumo.

Y desde el lado empresarial los costes totales de las pequeñas y medianas empresas españolas han crecido un 23%, 3,2 puntos más que el aumento de la facturación y los datos del último Radar Empresarial de Asexor an Experian Company, al cierre del mes de abril las ampliaciones de capital de las empresas españolas habían caído un 36%, sumando 7.760 millones de euros frene a los 12.212 millones en el mismo período del año pasado.

Panorama que apunta todavía a más oscuro sin comprobamos que la prima de riesgo ya está por encima de los 113 puntos básicos y que España está pagando un 2% de interés por la colocación de la deuda que, no olvidemos está ya rondando el 120% del PIB, la mayor de la UE en vísperas de que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés y ponga fina a las compras masivas de deuda de la deuda de los países miembros de la Unión.

Una tormenta perfecta que se cierne sobre nuestra economía y sobre el nivel y la calidad de vida de los españoles que la sociedad Sánchez&Calviño y Compañía sólo intentan paliar con medidas como ese presunto plan de empleo para Andalucía de 50 millones de euros. Cantidad que se antoja una limosna si se compara con los 20.000 millones regalados a Irene Montero y su ministerio de Igual-da, los 53 millones con que obsequiaron la aerolínea Plus Ultra de los amigos del tirano Nicolás Maduro, o los más de 680 millones en que el tribunal que ha enjuiciado la pieza política de los ERE, cifra el dinero robado a los parados andaluces por socialistas y altos cargos de la anterior Junta de Andalucía y dilapidado en drogas, mariscadas y prostíbulos como el Club don Ángelo, entre otros gastos irregulares y suntuarios.

Política de limosnas esta del sanchismo gobernante que, ante la incompetencia para combatir la inflación y crear empleo, se dedica a ofrecer subvenciones para comprar votos cautivos. Porque a pesar de la caída del paro en mayo, la realidad de nuestro mercado laboral es que, como reflejan las estadística del Ministerio de Trabajo, el empleo temporal vuelve a crecer y el 36% de los contratos indefinidos que se crean son fijos discontinuos. Dato que supone un auténtico maquillaje de las cifras del desempleo al no contabilizarse estos 600.000 trabajadores como parados en las épocas en las que permanecen inactivos.

Una economía de limosnas como ocurre también con ese tope del precio del gas que nunca llega o la subvención de 20 céntimos a las gasolinas, cuya prórroga se anuncia y que ha sido ya absorbida por la subida de los precios. Medida, por otra parte, duramente criticada por organismos como Funcas, BBVA, Fedea o el Consejo Económico y Social al considera que ni sirve para cumplir el objetivo de aliviar el coste a los consumidores, además de tener solo efecto a corto plazo, mientras se niegan a considerar siquiera las propuestas de soluciones ofrecidas no sólo por Alberto Núñez Feijóo, sino también por alguien tan poco sospechoso como el ex ministro socialista en el gobierno de Rodríguez Zapatero, Jordi Sevilla.

Soluciones que pasan por alargar el período de transición energética, prolongar la vida útil de las nucleares y bajar impuestos que, en el caso de los carburantes suponen más del 50% del precio total a los consumidores y un porcentaje casi similar en el caso de la tarifa eléctrica. Y medidas ya aplicadas por la mayoría de nuestros socios europeos pero que a Sánchez y su troupe le estorban, como ha reconocido en el Senado, en una constatación de su marcado tic autoritario, que le estorba también la oposición.

Claro que a la vista de este desastre económico y social y del abuso y deterioro que hacen del Parlamento, la Fiscalía, la educación, el CNI, la seguridad nacional, los medios de comunicación públicos y el prestigio internacional de España habría que preguntarse si no son ellos quienes hoy sobran y estorban en España.