La intervención de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la sesión de control del Congreso el pasado miércoles difícilmente se puede atribuir a un calentón de boca. Es una política experimentada con un largo bagaje tanto en la vida política como judicial. Sencillamente dijo lo que quería decir y de buen seguro era consciente de lo que estaba diciendo y la repercusión que tendrían sus palabras.

La pregunta que hizo en voz alta la responsable de defensa no fue otra que “Qué ha de hacer un Estado y un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, declara la independencia, corta las vías públicas, provoca desordenes públicos…” La respuesta evidente no es otra que la de “aplicar la ley”. Pero no parece que esta fuera la intención de las palabras de la ministra si no la de justificar actuaciones presumiblemente irregulares de espionaje telefónico a gran escala. Es de difícil comprensión que un juez autorizara estas intervenciones masivas caso que el Centro Nacional de Inteligencia las hubiera solicitado. Sabía que el espionaje masivo a políticos (amparados por la inmunidad parlamentaria), abogados (violando el secreto profesional) e invadiendo la intimidad de otros activistas es de difícil justificación. Por otra parte la ministra parece que rechaza el reconocido derecho a las protestas y a las manifestaciones.

Una vez más se pone en relieve el uso que hacen determinados organismos del Estado amparándose en la ley de secretos oficiales que ampara sus actividades. Y con esta protección  sus actuaciones pueden ser más que dudosas (no digo que algunas  innecesarias) y el control que se hace de las mismas prácticamente inexistentes, al menos en apariencia.

A uno le viene la memoria aquello de “las cloacas del Estado” de triste recuerdo en este país y de las palabras de la ministra (con el posterior respaldo del presidente del Gobierno) se puede deducir que en caso de necesidad (y en ello caben desde interese políticos, económicos o incluso particulares) “aquí vale todo” digan lo que digan las leyes, entre ellas los derechos reconocidos por esta tan loada Constitución.

Tras escuchar a la ministra muchos nos sentimos más inseguros, vulnerables y desprotegidos. Esta no es la Constitución que hace muchos años votaron los españoles.