En numerosas consultas informáticas nos advierten de la confidencialidad de los datos que les ofrecemos. Teóricamente, muy teóricamente, respetan la privacidad de nuestras comunicaciones y el uso que los receptores hacen de ellas.

Todas estas normas no impiden que los ciudadanos estemos más inseguros que nunca en un Estado que se vanagloria de ser una democracia ejemplar. Con frecuencia aparecen en los medios investigaciones cuyo origen se desvanece en la ley de secretos oficiales. Esta ley es un cheque en blanco que tiene el Estado para saltarse todo tipo de controles y en este país muchos sospechan que su utilización por parte de determinados organismos es manifiestamente irregular en una democracia.

Ahora se ha revelado que a través de “Pegasus” (un sistema de espionaje que permite controlar las comunicaciones de personas sospechosas de terrorismo y que la empresa israelita que los fabrica sólo los vende a instituciones estatales) ha sido utilizado para intervenir las comunicaciones de numerosos cargos institucionales o activistas políticos del mundo nacionalista catalán.

El Gobierno, al no desmentirlo, ha venido en la práctica a confirmar estas actividades de los servicios secretos del Estado (Centro Nacional de Inteligencia) que ha denunciado la revista norteamericana prensa nortealericana The New Yorker y que ha causado no poca inquietud en los medios políticos, que se sientes absolutamente desprotegidos ante estas actividades.

Es relevante como han silenciado algunos medios esta información que curiosamente coincide con el gran despliegue informativo que hacen ante determinadas denuncias, algunas de ellas muy espectaculares, que hacen de investigaciones de los cuerpos policiales y que normalmente se quedan en aguas de borrajas.

Por otra parte la actuación de determinados jueces aceptando peticiones de controlar los teléfonos de determinadas personas para controlar que no se produzcan actividades delictivas, o la presunción de veracidad de los atestados policiales (muchos de ellos manifiestamente mejorables, incluso en su redacción) hace que no pocos ciudadanos se sientan no sólo desprotegidos si no además indefensos y absolutamente controlados saltándose no pocos artículos de protección que ofrece la Constitución.

Ahora le ha tocado a Catalunya (ya se sabe, contra el independentismo vale todo, como gráficamente se reflejó en el “a por ellos”) pero crea un peligroso precedente para las actividades de cualquier persona que sea molesta para alguien. Y el CNI parece que tiene las manos libres para realizarlo y, además, no tiene que dar explicaciones de sus actividades -bien sean políticas, económicas o de otro signo – a “casi” nadie.