Consciente de no ser original, no lo pretendo, pero si preciso, la mejor definición que puede hacerse del real decreto ley de Pedro Sánchez con las medias para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania es la de tarde, pobre y mentiroso.
Tarde, porque vistas las medidas que se incluyen no se entiende porque se ha tenido que esperar hasta el Consejo Europeo del día 25 cuando ninguna de ellas necesitaba el visto bueno de Bruselas. Pobre porque los recursos asignados, 16.500 millones de euros, son los más escasos de todos los principales países de la Unión y, además, de ellos el Gobierno sólo aporta 6.000 millones, siendo el resto aportaciones del sector privado. Y mentiroso porque más que bueno para España y para los españoles, el plan es bueno para el Gobierno y para Sánchez, que al no bajar los impuestos sigue engordando las arcas del Estado a costa del empobrecimiento de los españoles, especialmente de las clases más desfavorecidas de la sociedad.
Así, y desglosando por medidas vemos que la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolinas o gasóleo es más una limosna que un remedio porque sólo suponen una cuarta parte de los 80 céntimos por litro que ha subido el precio de los carburantes, además de que del total bonificado cinco céntimos van a cargo de las petroleras y sólo 15 corresponden al Gobierno.
Decíamos ayer que en lugar de atender a la realidad social el gobierno socialpodemita se dedica a hacer un lucrativo negocio con el aumento de la recaudación impositiva por la subida de los precios. Tomando como referencia los datos de consumo anual de carburantes de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) el coste total de la bonificación durante los tres meses de vigencia será de 1.395 millones de euros mientras que la inflación aumenta la recaudación del IVA en unos 5.000 millones. Cifra que se suma a la avanzada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que resalta que la Agencia Tributaria recauda ya entre 3.000 y 3.500 millones de euros adicionales por IVA a consecuencia de la subida de los precios de la electricidad, el gas, la gasolina y el gasóleo.
Sólo por los impuestos a la gasolina Hacienda está ingresando 250 millones de euros más el mes, mientras que los hogares españoles están perdiendo poder adquisitivo entre un 6% las rentas más altas y un 26% las más bajas a causa de una inflación que se disparó en marzo hasta el 9,8%, la tasa más alta desde 1985.
Sólo por no deflactar las tarifas del IRPF con respecto a la subida de los precios el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, José Félix Sanz, estima que cada trabajador medio va a pagar 200 euros más lo que supone 4.110 millones de euros más por este impuesto para Hacienda. Mientras que como explicó el director del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, cada punto extra de IPC se traduce en 800 millones de euros de recaudación adicional.
Respecto a las ayudas a las empresas apuntar que 10.000 millones de euros, de los 16,000 del Plan son créditos ICO, es decir que el dinero lo dan los bancos, avalados por el Estado, eso sí, pero que sólo responderá si en caso de impagos. Además de que su utilidad es muy insuficiente como demuestra el hecho de que un 70% de las pymes y de los autónomos siguen sin ver un solo euro de los 7.000 millones de los fondos para solventar los problemas financieros derivados del COVID. Porque las empresas ni quieren ni pueden endeudarse.
Y en relación al resto de medidas sólo decir que la limitación de los precios de los alquileres sólo decir que crean inseguridad jurídica, limitan la oferta y encarecen los precios, mientras que la prohibición de despedir a las empresas ahuyenta la inversión y aboca a nuevos cierres con el consiguiente aumento de parados.
Medidas éstas que probablemente tienen el sello de Podemos, aunque sólo probablemente porque las políticas y los hecho demuestran cada día que el más podemita de todos los miembros del Gobierno es Pedro Sánchez.
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