El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esperaba un poco de paciencia (y colaboración) de la oposición para conocer las resoluciones del Consejo Europeo en materia energética y aprobar el plan de choque contra la carestía en el Consejo de Ministros del 29 de marzo. Se equivocó. Ya ha podido comprobar cuánta razón tenía Antonio Machado al decir que toda espera es espera de seguir esperando. La derecha y la ultraderecha, siempre impacientes por derribar al Gobierno progresista, no iban a dejar de jalear las protestas de los sectores más directamente golpeados por la carestía de los hidrocarburos y los insumos. El PP y Vox hacen su trabajo, que es oponerse a las decisiones del Ejecutivo, aunque se hayan acordado con los interesados: caso de la reforma laboral.

En respuesta a la portavoz del PP, Concepción Gamarra, el presidente Sánchez dijo que “la situación es compleja” y, en referencia a los transportistas en “huelga indefinida” desde hace once días, aseguró que el Gobierno seguirá negociando y confió en alcanzar un acuerdo con ellos cuanto antes. De momento ha puesto 500 millones de euros sobre la mesa para atemperar el precio del combustible. Pero ocurre que determinados camioneros autónomos y patronos de empresas de transportes a los que nadie ha elegido quieren obtener un rendimiento político para la ultraderecha y necesitan salir en la foto con la ministra del gremio. Esa politización del conflicto huele que apesta. Y tampoco es cuestión de alimentar células vóxidas, cancerígenas, en el tejido social.

La paciencia que pedía Sánchez hace una semana para escuchar a los grupos parlamentarios (Voz se autoexcluyó), a los empresarios y a los sindicatos, y para intentar convencer a los socios de la UE de la conveniencia de desgasificar el precio de la energía eléctrica, se ha vuelto contra el Ejecutivo en forma de caravanas de camiones en huelga (sin servicios mínimos), amarre de barcos pesqueros de bajura y protestas de agricultores y ganaderos. Esa es la realidad. El error de cálculo de Sánchez y su nutrido gabinete es perfectamente censurable. El daño de los huelguistas del transporte a los ganaderos, agricultores e industrias de transformación está siendo muy elevado y empieza a ser “preocupante”, según el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Ya es sabido que la paciencia tiene un límite. Y ese límite será en este caso la aplicación del plan económico de choque que Sánchez viene anunciando para el Consejo de Ministros del 29 de marzo, después de las decisiones de la Cumbre de la UE sobre los suministros de gas y petróleo y la formación de los precios de la energía eléctrica. Sánchez defiende la separación de los coste de la generación eléctrica del precio del gas. No parece que su tesis vaya a prosperar. Sin embargo tiene todas las papeletas para conseguir la compra común de ese y otros hidrocarburos y la creación de un sistema de reserva común de gas de los 27, lo que reduciría costes, garantizaría el suministro y beneficiaría a España por su capacidad de almacenamiento y su red gasista.

Las aportaciones del PP al plan nacional que impele el Gobierno ya son conocidas: bajada del IVA de los carburantes al 4% (algo que ni los transportistas quieren), supresión del impuesto de hidrocarburos (unos céntimos) y más interconexión con Francia. Las propuestas enunciadas por el portavoz adjunto Guillermo Mariscal, fueron devaluadas, no obstante, por su superiora Gamarra, quien dijo: “Solo nos convocaron por la foto”. Ciudadanos propuso una bajada del IRPF proporcional al aumento de la inflación. En cambio, la izquierda del PSOE rechaza la bajada de impuestos como medio de abaratar el precio de la energía y propone, según los casos, la aplicación de topes a las tarifas, los impuestos especiales a los beneficios (groseros) de las eléctricas y la nacionalización de las compañías si fuere necesario.

En respuesta al diputado Mariscal, la ministra de Industria y Energía, Teresa Ribera, señaló que “la bajada de impuestos por sí sola no resuelve el problema” porque los precios de los combustibles los fijan otros. “Lo que sí puede hacer el Gobierno es promover la compra conjunta de gas y petróleo, como estamos haciendo en la UE. Los resultados de la cumbre europea del 24 y 25 de marzo se plasmarán en el plan de choque que aprobaremos el día 29”. Ribera coincidió con el diputado Albert Botran, de la CUP, en que el problema de los combustibles fósiles no solo es la carestía sino también el daño atmosférico y climático. Y apostó por “acelerar el despliegue industrial de las energías renovables”. En esta apuesta por el futuro tampoco hay tiempo que perder.