Sin querer enterarse de la escalada imparable de la inflación, de las manifestaciones masivas de los agricultores, del paro obligado de los transportistas, del amarre de la flota pesquera, del cierre de industrias o de la amenaza de desabastecimiento los principales sindicatos de España, léase CCOO y UGT han pedido al Gobierno que no baje los impuestos. Eso sí, para salvar la cara ante una opinión pública que ya ni les apoya ni les cree, que no por dignidad y por vergüenza, convocaban este miércoles concentraciones en todas las capitales de provincias, no contra el gobierno, que los perros no muerden la mano que les da de comer, sino contra la UE, contra Putin y contra la ultraderecha, que estos, como Sánchez, siempre tienen sus fantasmas expiatorios a los que culpar de su propia incompetencia.

De espaldas a la realidad social para estos llamados sindicatos mayoritarios y para el Gobierno al que sirven, los transportistas, los agricultores, los taxistas, y los españoles todos, menos ellos, no son trabajadores y ciudadanos asfixiados por la subida incontrolada de los precios, sino fascistas, ultraderechistas o gorrones a la caza del bono como señala irónicamente mi compañero y además amigo Juan Berga. Claro que, si esto fuera así, habría que convenir en que Sánchez, sus ministros, sus socios de coalición y sus apoyos de la Frankestein son, con su incapacidad, su cobardía y su soberbia un semillero de fascistas.

Este Ejecutivo sanchista, que en vez de reducir el gasto y reducir la fiscalidad para dar soluciones a un país al borde del colapso, como ha hecho el resto de los socios europeos, se dedica a derrochar el dinero público en la compra de votos a través de ese llamado bono cultural de 400 euros a los jóvenes que cumplen 18 años, a regalar 20 millones de euros para satisfacer los delirios de Irene Montero o a llenar las arcas de CCOO y UGT, a los que ha regado durante la crisis con casi el doble de subvenciones que en 2018 y 2019. Recordar que el pasado 8 de marzo el Consejo de Ministros aprobaba una subida del 18,33% en las subvenciones anuales que reciben las centrales sindicales, 3,11 millones de euros más, que elevan a 17 millones el dinero que recibieron el año pasado del Gobierno.

Por eso están en contra de bajar impuestos, porque se les puede acabar el chollo de la subvención. Y por eso miran a otro lado y hacen oídos sordos al empobrecimiento general de los españoles y a la situación de riesgo de pobreza en la que viven miles de trabajadores en este país.  ¿Alguien ha visto trabajar o promover acciones de solidaridad de COOO y UGT con Ucrania, con los refugiados o con los españoles que aquí acuden a las colas del hambre o no pueden llegar a fin de mes?  No. Ni han hecho ni hacen hacen nada mientras denuncian farisaicamente la pobreza. Pero si los hemos visto, en cambio, manifestarse en Cataluña junto a los independentistas contra el 25% de castellano en las escuelas, y en el País Vasco en defensa de los presos de ETA, porque estos dos sindicatos siempre están con el poder, con el que les subvenciona.

Si ayudan y trabajan a favor de los desfavorecidos algunas organizaciones como Cáritas, algunas ONG y la iniciativa privada, como la Fundación CEOE que estos días ha reactivado el programa solidario Empresas que Ayudan (EQA), puesto en marcha con motivo de la pandemia en 2020, para atender la emergencia humanitaria en Ucrania y en las fronteras con Rusia, donde se concentra de momento el éxodo de refugiados. De nuevo, el objetivo de esta iniciativa es canalizar la solidaridad y la ayuda que las organizaciones, sectores y empresas integradas en CEOE están ofreciendo desde los primeros días del conflicto bélico para cubrir las necesidades que se van detectando.

Esta es la realidad y no la que nos cuentan las propagandas y oficiales y las de sus medios auxiliares. Y ante esta evidencia, surge nuevamente la eterna pregunta de quienes defendemos la competencia y la eficiencia y racionalidad en la utilización y la distribución de los recursos que las administraciones tienen por la recaudación impositiva ¿Por qué tenemos que pagar con el dinero de todos los españoles a unos sindicatos que, aun dando por buenas sus cifras oficiales apenas representan a un 12% del total de los trabajadores? Que vivan de las cuotas de sus afiliados, si los tienen, y si no que echen el cierre como hacen los autónomos y las pymes, un 70% de las cuales siguen si, ver un euro de los 7.000 millones de fondos para solventar los problemas financieros derivados del COVID un año después de su aprobación por el Gobierno.