Enmascarado en el disfraz medioambiental y travestido de una falsa armonización, el Gobierno tiene ya la justificación que había ordenado para subir los impuestos al gas natural, al diésel y las gasolinas. Incorporar una cuota tributaria a la compra de automóviles y de billetes de avión. Imponer el pago en autovías, suprimir gradualmente los tipos reducido y superreducido del IVA o establecer un mínimo en los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio, un tributo en extinción que en Europa pagan ya sólo en Suiza y en Noruega y que supone una doble imposición porque se obliga a pagar por la tenencia o transmisión de bienes por los que se ha tributado previamente.

Una política de vampirismo fiscal que el Gobierno aplaza de momento, hasta que la guerra de Putin nos pille descuidados, y que supone un perjuicio y una agresión directa a las clases más desfavorecidas de la sociedad. Quien no se compra un coche de bajas emisiones o tiene un coche de más de diez años es porque no puede y porque está asfixiado por la voracidad impositiva de las administraciones y por una inflación galopante que los responsables de los ministerios económicos ni saben combatir ni se preocupan por minorar sus consecuencias.

En el año 2021 el coste de la subida de los precios para las familias supero los 30.000 millones de euros y el Banco de España estima que los hogares con menos ingresos han perdido por este impuesto invisible un 26% de poder adquisitivo frente a la pérdida del 6% en las rentas más altas. Estos son los que no iban a dejar a nadie atrás. Si de verdad trabajaran por la sostenibilidad y el medio ambiente se preocuparían por subvencionar la comprar de automóviles híbridos o eléctricos, los más caros con diferencia del mercado, y por invertir en la investigación de baterías y motores eléctrico como están haciendo en Francia o Alemania.

Si de lo que se trata es de armonizar, qué empiecen por eliminar los privilegios fiscales del cupo en el País Vasco y en Navarra, si se atreven. Eso, además de reducir el desmedido y ofensivo gasto público en Ministerios tan ineficaces como innecesarios, asesores y amiguetes enchufados que ha alcanzado los niveles más elevados de nuestra historia. De hecho, España se ha situado como el país que más aumentó su deuda pública en términos de PIB durante el último ejercicio y las estadísticas oficiales muestran que cada día que pasa con Sánchez en el gobierno nuestra deuda pública aumenta en 200 millones de euros.

Pero lo más sangrante de esta hipocresía es que la subida desbocada de los precios está generando un importante aumento de la recaudación tributaria del Gobierno. Cuanto más suben los precios más aumenta el importe efectivo del impuesto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esa que ha dicho con la boca pequeña que no es el momento de subir impuestos, pero los tiene preparados, ha anticipado ya unas cifras de recaudación récord en el cierre de 2021 que, lejos de aprovecharse para reconducir el déficit y corregir la deuda se destinan a mantener un gasto público elefantiásico.

Si de verdad es el momento de ajustarse el cinturón ellos, Sánchez y su troupe deberían empezar por predicar con el ejemplo y dejar de derrochar el dinero en pantomimas ideológicas como esos 58.000 euros que el titular de Interior, Marlaska, se ha gastado en un día para iluminar de morado feminista las sedes policiales o los 30.000 euros que ha gastado el Ejecutivo en sesiones de maquillaje para Sánchez y sus ministros. Eso y reducir la utilización de coches oficiales, o los viajes en el Falcon para actos particulares y de partido, por ejemplo.

Y ahora que parece se ha dado cuenta de la imperiosa necesidad de bajar los abusivos precios de la luz y de los carburantes debería empezar por desprenderse de prejuicios ideológicos adolescentes para alargar en el tiempo el período de transición hacia las energías limpias, impulsar la utilización de energías de transición prorrogando la vida útil de las centrales nucleares y fomentado su utilización, como han hecho en EE UU, Reino Unido , Francia o Alemania, entre otros, y rebajar los impuestos sobre la energía que en el caso de las gasolinas supera el 50% del precio total , y en el gas y la electricidad se encuentra al borde de esa cifra. Es lo que recomienda la Comisión Europea, lo que hacen nuestros socios y competidores, lo que demandan los analistas, los empresarios y los consumidores y lo que dicta la inteligencia económica para estados de emergencia energética como el que nos aflige. Si se quiere se puede. El problema es cuando falla la primera premisa del razonamiento.