Independientemente de que el PP no haya cumplido ni expectativas ni objetivos y de que Pablo Casado siga sin consolidarse como alternativa presidenciable para las Generales con los problemas que ello puede tener para su liderazgo. Al margen de las negociaciones y las posibles opciones de Fernández Mañueco para gobernar, los resultados de las elecciones en Castilla y León muestran tres realidades incontestables: que el PP se convierte en la primera fuerza política de la Comunidad y puede gobernar, la irresistible ascensión de Vox y que los grandes derrotados han sido Pedro Sánchez y el gobierno socialcomunista que preside.

Así las cosas, haría bien el PP en no seguir cayendo en la trampa del cordón sanitario a Vox y hacer oídos sordos a los sofismas del PSOE sobre el gobierno de la ultraderecha que sólo tienen como objetivo mantener la división del centroderecha para mantenerse en el poder. Vox no ha matado a nadie, no ha dado ningún golpe de Estado y defiende el orden constitucional, todo lo contrario que los socios de Sánchez en la Frankestein, con los herederos de los terroristas de ETA y los golpistas catalanes de ERC a la cabeza, y sus coaligados en el gobierno del Estado, los podemitas que no ocultan sus intenciones de acabar con el sistema democrático derivado de la Constitución del 78.

Los castellanoleoneses han votado contra una política de subidas de impuestos esquilmativa y asfixiante, contra la incapacidad para combatir la inflación galopante y el alza de los precios energéticos, contra el sometimiento al chantaje permanente de los nacionalistas vascos y catalanes, contra los pactos con Bildu y las excarcelaciones de presos etarras, contra el acoso a las pymes y a los autónomos, contra una administración central elefantiásica con ministerios tan innecesarios como ineficaces, contra el derroche de recursos públicos en asesores y otros cargos para premiar favores y a amiguetes, contra un gobierno que es campeón del paro en Europa y el último en la recuperación económica, contra la peor gestión de la pandemia de los países de la OCDE, y contra la manipulación en el reparto de los fondos europeos.

El propio Ministerio de Economía, que dirige Nadia Calviño, ha reconocido que en 2021 el Estado desembolsó menos de la mitad de los fondos europeos previstos.

Los castellanoleoneses han votado también contra el castigo a las clases medias, porque en contra del tópico de la Castilla rural la mayoría de los ciudadanos de Castilla y León vive y vota en las ciudades, contra el empobrecimiento general, contra el desconocimiento y el olvido – cuando no el ataque- de la agricultura y la ganadería y sus necesidades, contra la degradación de nuestra democracia. Y han votado contra las limosnas tramposas de la subida del SMI o de los Planes Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) aprobados deprisa y corriendo en plena campaña electoral y con el único fin de intentar dar la vuelta a unas encuestas, que, salvo la farsa del CIS, daban una mayoría absoluta al centroderecha, que se ha terminado confirmando.

En definitiva, los ciudadanos castellanoleoneses han votado en contra de Sánchez y e sanchismo, contra la prepotencia y la mentira y contra las políticas y la gestión del gobierno PSOE-Unidas Podemos, como refleja también el hundimiento de este último partido. Y esa es también la causa y el origen de la espectacular subida de VOX. Un voto el del partido de Abascal que más que a una opción ideológica responde a un rechazo frontal a Pedro Sánchez y lo que representa. Y un voto de gentes que en su inmensa mayoría están exigiendo el acuerdo entre los dos partidos del centroderecha porque coinciden en gran parte sus programas y propuestas económicas, en la unidad de España y en el funcionamiento de las instituciones y el Estado. Pero sobre todo a los dirigentes, a sus bases y a los votantes de ambas formaciones les une un objetivo común y prioritario: conseguir una mayoría suficiente en las próximas elecciones generales para acabar con el sanchismo y los desastres de sus socios de la Frankestein. Ellos deben elegir ahora entre sus intereses personales y partidarios o el interés superior de España y de los españoles