A Dios rogando y con el mazo dando. Este proverbio popular que habitualmente encuentra su aplicación práctica a la sociedad en la política y en muchos políticos de cualquier signo y condición, cobra ahora su máximo exponente en el pimpante alcalde de Madrid que hace pluriempleo con la portavocía nacional del Partido Popular. Un Martínez Almeida que se ha consagrado como el más fiel discípulo de su antecesor en el cargo, el gran cínico que fue Enrique Tierno Galván cuando dijo aquello de que los programas políticos se hacen para no cumplirlos.

Así, mientras el Partido Popular esgrime como eje de su política económica y receta para la recuperación la bajada de impuestos y la reducción de la presión fiscal, el equipo municipal de la coalición PP y Ciudadanos en Madrid se empecina en esquilmar y sangrar sistemáticamente al automovilista, al que limita cada día más sus derechos y libertades intentando arrebatar a la izquierda esa bandera de ecología demagógica, que no real, pensando que con ello puede llevarse votos de un  nicho electoral que se rige más por intolerancia doctrinaria que por lógica y razonamiento político.

Almeida incumplió su promesa electoral de derogar Madrid Central para acabar por cambiarle el nombre y ampliarlo territorialmente. Eleva también el precio de los parquímetros en días de alta contaminación, días que decide el Ayuntamiento y que son todos, o casi, desde su puesta en marcha. Y se inventa ahora las llamadas plazas SER de alta rotación, que serán 1.130 en Madrid, con un tiempo límite de estacionamiento de 45 minutos y que costarán el doble que las verdes.

Una política similar y seguidista en cuanto a su fondo y a sus fines, de la que hace el gobierno socialpopulista de Pedro Sánchez a nivel de Estado que supone un perjuicio y una agresión directa a las clases más desfavorecidas de la sociedad. ¿Piensan, acaso, que quién no se compra un coche de bajas emisiones o tiene un coche de más de diez años es porque no quiere? Más bien es porque no puede y porque está asfixiado por la voracidad impositiva de las administraciones y por una inflación galopante que los responsables de los ministerios económicos y de consumo ni saben combatir ni se preocupan por minorar sus consecuencias.

Además, si de verdad fueran ecologistas sinceros y trabajaran por la sostenibilidad y el medio ambiente se preocuparían por subvencionar la compra de automóviles híbridos o eléctricos, los más caros con diferencia del mercado, y por invertir en la investigación de baterías y motores eléctrico como están haciendo en Francia o Alemania.

Y esto que pasa en Madrid se puede generalizar para el conjunto de las Administraciones españolas. Y, si no, ya verán que pronto se extiende este invento de las Plazas SER al resto de los municipios españoles. Todo lo que va contra el ciudadano se copia, y el automóvil se ha convertido en la víctima propiciatoria del vampirismo fiscal. Ahí tenemos al Gobierno que acaba de subir el impuesto de matriculación lo que va a elevar el precio medio de un vehículo entre 1.500 y 3.000 euros, cuando comprar un coche nuevo está sujeto al pago del tipo máximo de IVA, del 21%, el mismo que grava también la venta de las gasolinas. Y esta presión impositiva se agrava con el llamado impuesto de circulación, que gestionan los ayuntamientos y que se obliga a pagar sólo por el hecho de ser propietario de un vehículo.

Y es que en esto de explotar al automóvil y a los automovilistas no hay diferencias entre administraciones, partidos políticos e ideologías. Todos se apuntan a chupar de la teta como demuestran la proliferación parquímetros que suponen una doble imposición -ya se paga el impuesto de circulación- contraria a lo que establece el artículo y de la Ley Orgánica 8/1989, que “garantiza que sobre los ciudadanos no pueda recaer la obligación material de pagar doblemente”, o restringiendo las zonas y límites de velocidad en las ciudades con un mero fin recaudatorio. Que nuestra integridad y nuestras vidas sólo les importan como excusa para justificar multas y sanciones. ¡Manos arriba!