Hay leyes que directamente están mal hechas y una de ellas es la LOREG (Ley orgánica del régimen electoral general) que, incluso en una interpretación muy sui generis de los altos tribunales (hecho del que nos vamos acostumbrando) permiten que por una falta menor tenga como consecuencias accesorias un castigo mucho mayor, con unas consecuencias irreversibles y obviando el principio de la presunción de inocencia.

Además desde hace tiempo, para muchos, los jueces para muchos, invaden competencias invaden competencias que teóricamente corresponden a la actividad política, saltándose con sus interpretaciones la división de poderes.

Difícilmente en lo que llaman una “democracia plena” los tribunales pueden señalar lo que se puede o no se puede debatir en un parlamento, o pueden “advertir” que si se hacen determinados debates pueden tener consecuencias penales, o se otorgan la facultad de quitar el acta de diputado por desobedecer sus indicaciones e incluso designar a quien le debe sustituir, bien sean de organismos administrativos (como es la Junta electoral) o estrictamente judiciales.

Estos hechos afectaban especialmente al País Vasco en los lejanos tiempos de la violencia de ETA (recuérdese la in habilitación de Juan María Atutxa, presidente del Parlamento vasco). Después esta práctica se ha extendido a los catalanes donde pretendieron destituir a tres eurodiputados (después la justicia europea les enmendó la plana excepto en el caso de Oriol Junqueras), después impidiendo que Carles Puigdemont defendiara su candidatura a la presidencia de la Generalitat) o interrumpiendo un pleno de investidura para encarcelar al candidato (Jordi Turull). Posteriomente quitaron el acta de diputado al president Joaquim Torra por desobediencia y actualmente hay siete diputados (de momento) pendientes de juicio -entre ellas la actual presidenta del Parlament, Laura Borras – que presumiblemente también acabaran en in habilitación.

También está el caso del diputado canario Alberto Rodríguez, que por un delito basado unicamente en la presunción de credibilidad de los policías, le inhabilitaron por una manifestación ocurrida en el 2012.

Ahora la Junta Electoral ha retirado el acta de diputado al Parlament a Pau Juvilla por no retirar unos lazos amarillos de la ventana de su despacho en el ayuntamiento de Lleida en unas elecciones al Parlament en el 2019. La mayoría independentista del Parlament ha cerrado filas oponiéndose a acatar la decisión de la Junta Electoral. Incluso se planteó un cese de actividades para finalmente realizar una especie de huelga de celo aplazando la actividad de algunas comisiones para defender la soberanía del Parlament y convocar una reunión de la comisión del Estatuto del Diputado que analice el caso.

El enfrentamiento está servido y estas situaciones no ayudan a generar confianza en el sistema.