En un alarde de responsabilidad y ante la imparable subida de los precios de la electricidad la Comisión Europea propuso el pasado fin de semana que las inversiones en energía nuclear y gas natural se consideren sostenibles en la transición ecológica, es decir, dar la calificación de “inversión verde a los proyectos que sustituyan al carbón y emitan hasta 270 gramos de CO2 por kw/h.

Una medida impulsada desde Francia y apoyada por la mayoría de estados de la Unión, con la excepción a medias de Alemania y Austria, a favor del gas y no de la nuclear, y con la oposición firme del gobierno de España que, una vez más

se empeña en ir contracorriente y poseído de esa furia verde que caracteriza a los hooligans del ecologismo intolerante ni sabe ni se atreve a plantear las soluciones a largo plazo y duraderas para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico y racionalizar el tránsito hacia esa transición ecológica que todos defendemos, pero garantizando un coste asumible y razonable que no condene a la pobreza energética a las clases trabajadores y más desfavorecidas de la sociedad.

Soluciones que, como apuntan los expertos – los de verdad, no los presuntos del Ejecutivo-, deberían tener como ejes fundamentales una reforma fiscal que libere a los consumidores de todos los impuestos que son ajenos a la generación y distribución de la electricidad, por un lado; y por otro un Plan Energético Nacional, serio, realista y basado no en decisiones políticas sino en los recursos, capacidades y necesidades del país con el menor impacto posible sobre el bolsillo de los ciudadanos.

Plan Energético que ni este ni gobiernos anteriores se han atrevido a afrontar, y que pasa ineludiblemente por acabar con esa demonización de la energía nuclear, tan demagógica como hipócrita, porque mientras aquí se estigmatizan y se prescinden de las nucleares estamos comprando electricidad a Francia que procede de centrales nucleares, algunas de las cuales están situadas a menos de 100 kilómetros de las fronteras españolas con el consiguiente riesgo en caso de un accidente.

Francia tiene 80 centrales nucleares y el precio de la electricidad es unos 40 euros más barato que el que pagamos en España donde sólo hay siete y en proceso de desmantelamiento. Pero no es sólo el país vecino. El Reino Unido dispone hoy de 16 centrales nucleares activas y ha iniciado un plan de construcción otras seis nuevas. Y China con otras 16 nucleares activas y 27 inactivas está elaborando un programa de impulso al desarrollo de la energía nuclear como herramienta clave para reducir sus emisiones de CO2.

Porque la energía nuclear es limpia, barata y, además segura. Las centrales nucleares se encuentran entre las instalaciones más seguras del mundo desde el punto de vista tecnológico y físico. Disponen de tres niveles de seguridad que abarcan desde el diseño de la instalación hasta los procedimientos de funcionamiento y el entrenamiento del personal de operación. De los primeros trabajos realizados para calcular la probabilidad de los accidentes de gran magnitud, que se resumen en el informe WASH-1250, se deduce que la probabilidad de un accidente catastrófico en una central nuclear es muy pequeña: del orden de 1 en 1 000 000 000 por año de funcionamiento, muy inferior, ejemplo, al riesgo en la aviación. Y en el caso concreto de España nunca ha habido un suceso clasificado como accidente según la escala INES (International Nuclear Event Scale).

Y no se trata de potenciar la construcción de nuevas centrales nucleares sino de prolongar la vida de las ya existentes, ya amortizadas, y de aliviar en parte la sobrecarga fiscal que en nuestro país pagan estas instalaciones energéticas. El último informe realizado por Energía y Sociedad, resalta que nuestro parque nuclear ha funcionado en 2020 con flujos de caja negativos, es decir que el precio al que venden la energía no ha sido suficiente para cubrir todos los costes. La presión fiscal sobre las centrales nucleares, incluida la tasa a la empresa nacional de residuos, Enresa, se ha incrementado un 430% desde 2008, con el añadido de que durante 2020 se ha incrementado esta presión fiscal, con nuevos impuestos y cargas y con la subida de un 19% en la tarifa para la financiación de Enresa.

Parar las centrales nucleares en España, como puede derivarse del recorte a la retribución del CO2 no emitido pondría en riesgo el 23 por ciento de la producción eléctrica, decisión que no saldrá gratis y podría encarecer aún mucho más el recibo de la luz. Así de claro y así de simple.