Como en la fábula del parto de los montes, al final y digan lo que digan la vicepresidenta Yolanda Díaz y los sindicatos, después de dar terribles signos de dar a luz una montaña, la tan cacareada contrarreforma laboral parió un ratón. Ni ha habido derogación y ni siquiera travestismo. Sólo una operación cosmética para permitir al Gobierno aparentar que ha cumplido su promesa y devolver a los llamados sindicatos mayoritarios un protagonismo y una representatividad oficial que en la realidad ya no tienen en la calle ni entre los trabajadores.

Cierto es que ha habido concesiones por ambas partes y algún cambio, pero desde el punto de vista empresarial sino plenamente satisfactorio, el resultado final les deja una escenario confortable. Se han mantenido las líneas generales, los principios básicos y la flexiseguridad que inspiraron la reforma de Fátima Báñez y que permitieron crear medio millón de empleos anuales entre 2013 y 2019.

La recuperación de la ultraactividad no era un tema básico, la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa se ha limitado sólo a los salarios, pero no a los complementos y al resto de las condiciones laborales, no se tocan las condiciones del despido y la limitaciones a la temporalidad, que no han sido tantas ni tan drásticas, eran una condición sin qua non de Bruselas para recibir los fondos de reconstrucción.

Aunque como dice el refranero nunca llueve a gusto de todos y ahí están las abstenciones de algunas federaciones, CEOE y su presidente Antonio Garamendi han conseguido un buen acuerdo, para la economía, para el empleo y para España, y lo que procede ahora es estar muy atentos para que el Gobierno no ceda a las presiones de los Frankestein cambiando en el Parlamento lo que ha firmado en la negociación social. Y si lo hace, obrar en consecuencia.

Es por eso que no se entiende el rechazo frontal del Partido Popular a apoyar este sucedáneo de contrarreforma laboral que, como ha reconocido públicamente el presidente de la Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo, no supone “de facto una derogación” de la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy, sino simplemente “modificaciones en algunos párrafos”, por lo que se muestra partidario de valorar la abstención en el Parlamento si la norma se tramita como proyecto de ley.

Cierto es que Sánchez no es de fiar, que carece de principios y de sentido del Estado y que ha dado sobradas muestras de preferir encamarse con los independentistas y con los herederos de los terroristas, pero da la impresión de que en el ánimo de Pablo Casado y en la dirección popular pesan más la aversión política y personal al Presidente, el rédito electoral que piensan puede darles la oposición radical al sanchismo y el enfriamiento de sus relaciones con Antonio Garamendi, que el propio contenido de la norma, mientras desperdicia una oportunidad de demostrar que antepone los intereses nacionales a los partidarios y ofrecer una mano tendida al Gobierno para evitar que se vea, una vez más, humillado y sometido al chantaje de los Frankestein.

Los mismos que han sido colaboradores necesarios para permitir aprobar el día de los Inocentes, ironías del destino, los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. Una cuentas que a buen seguro recibirían el premio a la inocentada del año, de existir el galardón, y que, como se han encargado de advertir y demostrar las principales instituciones económicas nacionales e internacionales y la mayoría de analistas, más que cuentas son un cuento en sus previsiones macroeconómicas, los cálculos de ingresos y la distribución de los recursos, tan arbitraria como injusta entre programas, organismos y comunidades autónomas, al utilizar los dineros públicos como instrumento propagandístico y para seguir regando con dinero y privilegios a los nacionalismos de Cataluña y el País Vasco en detrimento del resto de los territorios y ciudadanos de España y violando por enésima vez el principio constitucional de igualdad entre los españoles.