No ha habido casi ningún medio de comunicación escrito, oral o televisado, que no haya definido la evolución del paro registrado en el mes de noviembre con el calificativo de histórica, siguiendo a pies juntillas la nota de prensa oficial que lo subrayaba. Un influyente diario ha ido más lejos elevando a su editorial la homilía de que rebajar o relativizar la relevancia de estas cifras […] es poco inteligente. Ante tan sutil amenaza de quedar por tonto, no juzgo las cifras, sino las omisiones.
Se resalta también inspiradamente que la economía debería estar creciendo más de lo que se dice por los institutos de análisis y por el INE, porque no hay correspondencia entre la rebaja del paro y los datos y proyecciones sobre la evolución del PIB. Son por tanto estos institutos y el INE quienes están errados y son contumaces en ello, ya que el INEM no falla jamás y goza de la presunción de veracidad que se le niega al INE.
No he visto ningún análisis (aunque estoy seguro de que los habrá) que profundice en el asunto y que sugiera, por ejemplo, que la intensa rebaja de la cifras de paro puedan significar, por ejemplo, una simple regularización de trabajadores inscritos como parados, que en realidad estaban desempeñando labores no declaradas.
Pero lo que rotundamente callan los cantores de gesta es que el éxito histórico del descenso del paro se produce en el marco de una Ley, la de Reforma Laboral de 2012, maldecida y vituperada desde que se publicó y cuyos cimientos el Gobierno quiere erradicar a cualquier precio. La contradicción, por grosera que sea, poco importa. Hay que acabar con esa Ley, aunque produzca éxitos históricos.
Y a ello siguen. El Gobierno jugando al escondite entre vicepresidentas para ver quien impone su modelo, aunque por vía de Boletín Oficial, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, haya hecho parte de la reforma a la que aspira a través de disposiciones que afectan a la inspección de trabajo, fundamentalmente, sorprendiendo a su colega Nadia Calviño, a CEOE y al público en general. No por supuesto a sus dóciles sindicatos, sarcásticamente llamados mayoritarios, que estaban al cabo de la calle de dichas maniobras. (Por cierto, hablando de sindicatos, pocas menciones a la condena por corrupción a la plana mayor de UGT de Asturias, que se une a la amplia referencia de corrupciones de dicha central, desde la PSV al caso Enatcar, del caso Fernández Villa al caso ERE de Andalucía. Un tupido velo para este siniestro historial).
La consigna sigue siendo la misma, liquidar la reforma laboral de 2012. Lo que no está tan claro es que las negociaciones trucadas y las maniobras boletinescas urdidas en el Ministerio de Trabajo darán lugar a esas cifras históricas del mes de noviembre y del conjunto de 2021, bajo la Ley maldita.
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