Como los cuatro corazones de la comedia de Enrique Jardiel Poncela, el parche acordado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios para la reforma de las pensiones supone una enmienda a la totalidad de los trabajos y avances de la Comisión del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema, además de un atentado flagrante conta la economía y la creación de empleo.

Un remiendo que pretende sustituir el lógico y prudente factor de sostenibilidad aprobado en 2013 con unos efectos moderados sobre el recorte de las pensiones por una nueva fórmula cuya primera insuficiencia es la de calcular unas previsiones de recaudación tan exageradas en inalcanzables como el cuadro macroeconómico de los Presupuestos del Estado para el año próximo. 50.000 millones de euros en diez años estima el Gobierno, cuando todos los expertos y organismos competentes sobre el tema apunta que apenas se llegará a 28.000 millones, es decir aproximadamente el coste de una mensualidad en el pago actual de las prestaciones.

A ello se suma la ampliación a 35 años de la base de cálculo de las personas, frente a los actuales 25 años, que va a suponer un recorte de casi el 15 por ciento en las pensiones que vayan a percibir los nuevos pensionistas. Y mientras tanto se descartan soluciones más imaginativas y menos lesivas que funcionan en otros países de nuestro entorno como la llamada mochila austriaca o como esa separación de las fuentes de financiación de las pensiones, de la que nuestros políticos llevan décadas hablando, para que la Seguridad Social asuma sólo las contributivas y las asistenciales se carguen a los Presupuestos.

Añadido a esto habría que recordar, por los firmantes del acuerdo olvidan o desconocen que la principal fórmula para garantizar la sostenibilidad de un sistema da prensiones de reparto como el nuestro es más empleo y mejores salarios para aumentar los ingresos por cotización. Es decir, todo lo contrario de lo que hace este Gobierno que sólo entiende de políticas recaudatorias para exprimir a las empresas y a los trabajadores.

Subir un 0,6 por ciento las cotizaciones sociales, castigando a los empresarios a pagar el 0,5 por ciento, es una barrera a la creación de puestos de trabajo en un país con más de cuatro millones de parados reales, que ha sufrido la mayor destrucción de empleo de Europa y tiene las tasas más altas de la UE en paro juvenil y de mujeres. Con la derivada que supone de pérdida de la competitividad de nuestras empresas y nuestras exportaciones y como freno a las inversiones extranjeras, además de poner en grave riesgo la llegada de los dineros europeos del fondo de reconstrucción, toda vez que Bruselas exige como condición que las reformas laboral y de pensiones tengan también el acuerdo de los empresarios.

Da la impresión que lo que el sanchismo gobernante ha pretendido con este apaño, que va a situar a España como el segundo país de la Unión Europea con las cotizaciones sociales más altas, es comprar la paz social con el dinero de los contribuyentes y eso tiene un coste, que los parados actuales van a seguir siéndolo y a ellos se pueden sumar algunos más teniendo en cuenta que en torno al 98 por ciento de nuestro tejido empresarial son autónomos y pymes, ya agobiados por la subida de los precios energéticos, una inflación galopante y una política fiscal esquilmatoria.

Sirva como prueba la subida de 17 millones de euros en subvenciones a los sindicatos que se incluye en el proyecto de Presupuestos del Estado, mientras la coalición PSOE-Podemos rechazaba en el Congreso las enmiendas que pedían rebajar el IVA de la electricidad o la ampliación del permiso de maternidad a 24 semanas. Esta es su política social.