Nunca faltan materias sobre las que discurrir, aunque sean tan etéreas como el paso del tiempo. Ya dijo Tomás de Aquino, padre de la escolástica, que el tiempo es un pájaro, los pájaros vuelan, luego el tiempo vuela. Y en esas nos hemos plantado en el ecuador de la legislatura del primer gobierno de coalición progresista comandado por el PSOE. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, con la oposición interna de los prebostes históricos de su partido (encabezados por Felipe González Márquez) y de gran parte de los barones autonómicos, ha demostrado la compatibilidad entre la vocación hegemónica de su partido sobre el centro-izquierda y la obligación de compartir el gobierno con los jóvenes indignados por la crisis financiera y económica de 2008-2014 y los comunistas europeistas, más el apoyo del PNV. Un acierto y un hito histórico desconocido en España desde febrero de 1936.

En el último pleno del Congreso se ha constatado que los malos augurios de las derechas eran erráticos. Ni España está en quiebra, como sostiene el presidente del PP, Pablo Casado Blanco, ni España se rompe, como repiten una y otra vez los abanderados de la gallina y el toro que encabeza su excompañero y contrincante, Santiago Abascal Conde. Por el contrario, el diálogo con los nacionalistas, imposible en el pasado inmediato, está contribuyendo a calmar la tempestad catalana y restaurando la convivencia necesaria para salir adelante; las medidas contra la pobreza van siendo efectivas y las garantías contra el retroceso y la quiebra de los servicios públicos esenciales, tan anhelada por la derecha neocón y ultraliberal, son más firmes que nunca.

Sánchez se ha demostrado, además, como un dirigente europeo con el predicamento del que careció su antecesor, pegado y plegado a los dictados de la señora Merkel y a un austericidio de infausto recuerdo contra la clase trabajadora y laboral para mantener los beneficios de usureros y especuladores. Las propuestas formuladas desde el primer momento por el jefe del Gobierno español ante la pandemia del coronavirus se abrieron paso y acabaron imponiéndose en la UE pese a la oposición de los socios del norte. Lo que habría sido una depresión social y económica, con una caída de más de once puntos del PIB, se ha transformado en una palanca para la recuperación y la obligada modernización del tejido productivo y de servicios en nuestro país. Quiere decirse que Sánchez y su vicepresidenta Nadia Calviño han sabido buscar aliados y negociar en Bruselas lo que Casado y otros patriotas, sembradores de desconfianza, preferían, por interés electoral, no obtener.

Esa derecha, a cuyos gobernantes autonómicos de Madrid les caducan decenas de miles de vacunas en vez de entregarlas a los países empobrecidos, aumentaba las cifras de fallecidos por el Covid-19 para golpear más y mejor al gobierno “bolivariano, comunista y separatista”, y tampoco creía que se pudieran alcanzar las cotas de vacunación comprometidas por el Ejecutivo de acuerdo con las administraciones autonómicas competentes en la materia. Pero, sin que quepa cantar victoria contra un mal tan contagioso, aunque ya menos mortífero gracias a las vacunas, ni Sánchez, ni Illa, ni Pablo Iglesias eran esos peleles imputables y encarcelables como querían las derechas, sino gente sensata, rigurosa y con buena voluntad. Y aunque la recuperación del PIB pueda quedar punto y medio por debajo del 6% previsto en 2020, la tasa de crecimiento del empleo y la actividad económica desmiente a los arúspices de la ruina, el desastre y la desintegración.

Las derechas perdieron las elecciones generales por dos veces en 2019, sin que la suma de PP, Vox, Cs y los nacionalistas y regionalistas de su cuerda ideológica les permitiera obtener la mayoría parlamentaria necesaria para investir a un candidato. El PSOE las ganó por dos veces y con el pacto de coalición con Unidas Podemos, el apoyo del PNV y la abstención de ERC consiguió la elección de Sánchez como presidente del Gobierno. Pero el mal perder de la derecha española la ha llevado por la vía de los insultos, las descalificaciones, los infundios, los discursos frívolos y los postulados retardatarios. Dos años, de hecho, ha tardado el líder del PP, Casado, en aceptar la senda constitucional para renovar al Defensor del Pueblo y los cuatro miembros de los tribunales Constitucional y de Cuentas, respectivamente, con los mandatos caducos.

El acuerdo parlamentario (PSOE y UP con el PP) fue refrendado el día de San Martín (obispo de los pobres) en una votación telemática y presencial del pleno del Congreso, del que se ausentaron todos los grupos ajenos a la negociación, menos el vóxido, que se quedó para reprochar con aplausos “la deriva” del PP. Tal como estaba previsto, el que menos apoyo obtuvo, por sus  actividades non sanctas y belicoso verbo contra los rojos fue el exletrado del Congreso Enrique Arnaldo, propuesto por Casado para el Constitucional. De los 249 votos sacó 232, cinco menos que su colega la jueza conservadora Concepción Espejel. Nueve diputados rompieron la disciplina de grupo en todas las votaciones, aunque en el caso de Arnaldo (no confundir con Otegi), los desobedientes llegaron a 17. Con todo, el PP sigue sin aceptar la renovación del Consejo del Poder Judicial, con el consiguiente daño a los jueces, que querrían ascender y no pueden, y a todos los ciudadanos, que reclaman un sistema judicial confiable y eficaz.