El mismo gobierno que ha hecho lema y principio de su acción legislativa eso de que no hay que legislar en caliente no ha tardado ni quince días en hacer el nuevo decreto de reforma del impuesto de la plusvalía municipal demostrando, una vez más, que para el sanchismo gobernante y sus aliados lo que no se puede hacer para reformar y reforzar la seguridad, la dignidad, la vida y el derecho a la propiedad de los ciudadanos, cuando se trata de desvalijar el bolsillo de los contribuyentes se legisla no ya en caliente, sino hirviendo y escaldando.

Premura y una agilidad que parece poner de manifiesto que, como sospechan muchos españoles, a este gobierno que sólo sabe hacer políticas recaudatorias pero que es incapaz de crear riqueza y puestos de trabajo, le importa y le preocupa más esquilmar al ciudadano que poner los medios legales y policiales para impedir las violaciones, la ocupación, la inmigración ilegal, los desmanes de los “menas”, la violencia de género, la discriminación y el acoso por motivos ideológicos y lingüísticos, o los crímenes aberrantes e indignantes como el del niño de nueve años en Lardero por excarcelaciones o concesiones del tercer grado a  presos sin reinsertar en contra del criterio de la Junta de Tratamiento de la cárcel.

Una reforma la de las plusvalías que, tanto los expertos en derecho como la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha) consideran de dudosa constitucionalidad porque no se puede regular un impuesto por decreto y con el agravante, además, de que el apaño improvisado por el Ministerio de Hacienda haya sido publicado en el BOE antes incluso que la sentencia del Constitucional que declaraba la nulidad del modelo de cálculo del impuesto.

Pero el decreto está también plagado de indefiniciones y de inconcreción creando una inseguridad jurídica impropia de un Estado de Derecho. Así, reforma, que propone acomodar el sistema de estimación objetiva a la evolución del mercado inmobiliario estableciendo unos coeficientes actualizados anualmente que modulen el valor catastral de los terrenos y por crear un cálculo alternativo basado en la ganancia real obtenida para que el contribuyente elija la que le resulte menos costosa estas viciada por la ausencia de efectos retroactivos u otras aclaraciones que deja las miles de liquidaciones pendientes de cobro por parte de los ayuntamientos, algunos de los cuales llevan meses de retraso en manos de la interpretación judicial.

Como también resulta si no ilegal si al menos contraproducente la exigencia de tributación a inmobiliarias y fondos de inversión por operaciones a menos de un año, que va a suponer un freno a nuevas inversiones.

Es decir, estamos ante una auténtica “chapuza” en palabras del portavoz de Ciudadanos en el Congreso y prestigioso jurista, Edmundo Bal, de difícil interpretación para e contribuyente y que supone otra oportunidad perdida para establece un plan de financiación serio, eficaz y pactado entre las principales formaciones políticas. Y, a todo ello la ministra Montero sacando pecho del apaño en el congreso de los socialistas andaluces y los delegados asistentes aplaudiendo de forma irracional el anuncio como si ellos no lo tuvieran que pagar. Es lo que hay y no dan para más.