La discusión está en la calle antes de llegar al Parlamento. El anteproyecto de Ley de la Vivienda, divulgado por el Gobierno el 26 de octubre, con año y medio de retraso sobre el horario previsto, está suscitando toneladas de comentarios favorables a algunas medidas y contrarios a otras. Es lógico, pues, como su nombre indica, se trata de un bien básico para vivir, forma parte del primer escalón de las necesidades humanas de la pirámide de Maslow y está reconocido en el artículo 47 de la Constitución, obligando a los poderes públicos a hacerlo efectivo.

Los del “no” a todo, PP y Vox, se han apresurado a anunciar su rechazo total, absoluto. Tanto por su inquina al Ejecutivo socialdemócrata de Pedro Sánchez como por ese ultraico liberalismo que les lleva a fiarlo todo al mercado, tildan el texto de “confiscatorio” y ya han anunciado que sus gobiernos autonómicos no lo aplicarán. Puesto que a ellos corresponde la declaración de “mercado tensionado”, de la que se derivarán las medidas ejecutivas para evitar que los “fondos buitre” y los “grandes tenedores” (con más de 10 viviendas en su haber) sigan especulando a lo bestia con los alquileres en las grandes ciudades, el anuncio de la derecha viene a dar la razón a Podemos y a quienes piden que sea el Gobierno estatal quien identifique y declare las áreas de “mercado tensionado”.

De esa declaración pende y depende la panoplia de medidas para aminorar el precio de los alquileres e impedir que los especuladores inmobiliarios, sean fondos de inversión extranjeros o grandes tenedores (casatenientes) nacionales, puedan subir más del IPC acumulado en los nuevos alquileres respecto a los anteriores. No parece que las bonificaciones fiscales cuando mantengan los precios de los contratos anteriores o cuando alquilen las viviendas a inquilinos de 18 a 35 años de edad sean confiscatorias, precisamente.

Lo que la norma contempla es la prohibición de vender los parques de viviendas sociales de alquiler, como ocurrió en Madrid cuando la alcaldesa Botella (PP) enajenó a un fondo asesorado por su hijo miles de viviendas a precios inferiores a su valor. Tampoco parece que las acciones dirigidas a incrementar la oferta pública de pisos de alquiler o la reserva del 30% del suelo urbanizable para la construcción de viviendas sociales sea confiscatoria. Sobre los pisos vacíos, el anteproyecto dispone que los ayuntamientos podrán pasar del recargo del 50% del IBI al 150% cuando se hallen desocupados por más de dos años sin causa justificada y los propietarios tengan cuatro o más viviendas.

Con todo, los comentarios sobre los aspectos positivos y negativos del texto, varían según los intereses afectados. Los casatenientes y los fondos de inversión con decenas de miles de alquileres en sus carteras esperan que la ley no se apruebe en lo que queda de legislatura. Pero las ministras concernidas, Raquel Sánchez (PSOE) y Ione Belarra (Podemos) sostienen que se aprobará en la segunda mitad de 2022. Los 18 meses de dilación, previstos en el anteproyecto para aplicar la regulación de los nuevos contratos permitirá, en todo caso, un margen de maniobra para que los especuladores modifiquen sus planes. Y así vamos.