Uno de cada diez diputados del Partido Popular (PP) es accionista o tiene intereses particulares en alguna gran compañía energética. Sus ‘eléctricas señorías’ representan algo más del diez por ciento de los 88 miembros del Grupo Popular en el Congreso. No mandan, pero influyen. Y, sobre todo, contribuyen a explicar la actitud del primer partido de la oposición, ese que anteayer gobernó España y perdió el poder por la corrupción, ante el tarifazo injusto y superlativo de esas compañías contra familias y empresas. Además de la falta de propuestas, esa actitud se resume en el famoso dicho: “Cuanto peor, mejor”.

Algunos diputados accionistas son conocidos en su casa a la hora de comer. Quiere decirse que no han destacado por su obra parlamentaria. Es el caso de José Ángel Alonso Pérez, elegido por Valladolid y accionista de un paquete de acciones de Endesa y otro de Iberdrola por valor conjunto estimado en 35.000 euros. O el del militar retirado y representante por Melilla Fernando Alonso Gutiérrez Díaz de Otazu, pequeño accionista de Iberdrola. O el del dentista y alcalde de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) Juan Antonio Callejas Cano, cuyas 548 acciones Endesa representan hoy en torno a 20.000 euros. O Carlos Rojas García, con escaño por Granada, cuyas 649 participaciones en Iberdrola, 230 de Enagas, 196 de Repsol y de otras compañías del Ibex valoró en 134.000 euros al comienzo de la legislatura.

Más conocida por sus cargos en el área económica de los gobiernos del PP, la diputada por Madrid Elvira Rodríguez, quien declaró en 2019 un sueldo bruto de la empresa pública Tragsa de 179.297 euros, posee acciones de la multinacional estadounidense Emerson Electric valoradas hace tres años en 82.467 euros. Esta compañía llegó a ser el mayor fabricante mundial de armamento para aviones, es decir, bombas y misiles, e interviene ahora en el mercado energético a través de American Governor Company, básicamente dedicada a la energía hidroeléctrica.

Hasta su dimisión como diputada por Madrid, en julio de 2020, la exministra de Agricultura y Medio Ambiente Isabel García Tejerina era la primera accionista eléctrica de la bancada popular, con un paquete de Iberdrola que si hace dos años valoró en 347.346 euros, en la actualidad frisaría 400.000 euros. Cierto es que Tejerina, dedicada al negocio inmobiliario en Castilla y León, pasaba por ser una de las señorías más pudientes del Congreso, con acciones de bancos y de Telefónica que en conjunto superaban 800.000 euros de inversión.

Algunas señorías conservadoras, incluido el propio líder del Partido, Pablo Casado, han preferido no mencionar las sociedades del Ibex de las que son accionistas. Es el caso de la experiodista y diputada por Madrid Pilar Marcos, quien declaró 52.000 euros en participaciones bursátiles. Casado consignó en noviembre de 2019 acciones cotizadas por valor de 19.786 euros.

Pero, sin duda, uno de los mayores beneficiarios del conglomerado societario eléctrico es Adolfo Suárez Illana. El hijo del que fuera jefe del Gobierno y gran timonel de la Transición, Adolfo Suárez González, cobró en marzo de 2019 la apreciable suma de 40.800 euros por sus servicios profesionales (es abogado) a la empresa de infraestructas de energía y energías renovables Elecnor, presente en más de cincuenta países. Fue solo una quinta parte de los ingresos declarados por asesoría y servicios jurídicos a otras sociedades.

Con independencia de la caterva de políticos sin vergüenza, vendidos a las eléctricas y usuarios de puertas giratorias, la guida la ha puesto estos días el exconcejal socialista por Madrid y tertuliano televisivo Antonio Miguel Carmona al fichar como vicepresidente de Iberdrola por la módica suma de 500.000 euros anuales. Puesto que ese Carmona se hallaba en las antípodas del presidente Pedro Sánchez, su compra es la demostración carnal, bastante burda por cierto, del pulso que los avaros millonarios del megawatio están echando al Gobierno progresista en perjuicio de todos los españoles y a mayor gloria de las derechas.