Era la crónica de un acuerdo anunciado. Si no había Presupuestos caería el Gobierno y ese era el órdago de la nueva lideresa podemita Yolanda Díez ante un presidente del Gobierno sin ideología, sin principios y sometido a los caprichos de sus socios de coalición para hacer posible su único proyecto personal, mantenerse en La Moncloa cueste lo cueste y caiga quién caiga, aunque sea España.

Para ello no le ha importado acordar unas cuentas del Estado para 2022 netamente expansivas, con un nivel de gasto récord de 196.142 millones de euros, y dejar con el culo al aire a su vicepresidenta primera y ministra de Economía, al aceptar una Ley de Vivienda de dudosa constitucionalidad e intervencionista que atenta contra la propiedad privada al más puro estilo bolivariano de la Venezuela de Maduro, y un tipo mínimo del 15 por ciento en el impuesto de Sociedades. Decisiones que, unidas a la inseguridad jurídica creada por la confiscación de los beneficios a las eléctricas para intentar frenar las subidas del recibo de la luz, van a provocar la paralización de la construcción residencial con el encarecimiento consiguiente de la oferta, nuevos cierres empresariales, el freno de nuevas inversiones y la huida de los inversores extranjeros.

Desde cualquier lógica económica rigurosa y no contaminada por demagogias populistas, elevar el gasto público en plena crisis de déficit y deuda y con la inflación desbocada es una eutanasia económica, además de poner en riesgo la llegada de los dineros europeos del Fondo de Reconstrucción. Nada menos que 25.000 millones de euros, correspondientes a la segunda anualidad y que están incluidos en las cuentas del Gobierno.

Unos Presupuestos que vienen además adornados con medidas como ese bono joven de vivienda de 250 euros al mes para personas de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros brutos anuales. Bono que recuerda demasiado a ese cheque bebé de Zapatero que, luego se vio obligado a retirar y que responde a esa lógica socialcomunista de dar subvenciones en lugar de empleo para mantener un voto cautivo como ya hicieran en Andalucía con el PER. Todo ello disfrazado, además, con el lema de la justicia social olvidando que la mejor justicia social es crear riqueza y puestos de trabajo. Y todo esto ocurre en un país con 4.267.768 personas sin empleo, que resultan de sumar a los 3.257.802 que recogen las cifras oficiales del paro registrados, los 240.761 no ocupados, otros 303.539 con disposición limitada, 239.230 trabajadores en ERTE y 226.436 autónomos en cese de actividad.

Pero con ser grave todo esto de por sí, lo peor es que todavía no ha terminado porque ahora empieza la subasta con los independentistas catalanes de ERC y el PNV, imprescindibles para conseguir la mayoría necesaria al Presupuesto en el Congreso, y que se intentará lograr a base de cesiones de soberanía y prebendas económicas en perjuicio del resto de la comunidades españolas y vulnerando el principio constitucional de igualdad entre los españoles.

Con este panorama sólo nos queda esperar a que, dados los antecedentes de este Presidente mentiroso -el mismo que prometió en campaña traer a Puigdemont a España y ahora es su principal aliado para que siga escapado a la Justicia- también en esta ocasión se retracte de lo dicho y no cumpla con lo prometido y lo firmado. ¿Difícil?, sí; pero como Cervantes puso en boca de hidalgo Don Quijote “cosas veredes amigo Sancho que harán hablar las piedras”.