El pleno del Congreso de la última semana de septiembre está siendo eminentemente social. Se toma en consideración la reforma del artículo 49 de la Constitución para garantizar no sólo la protección y ayuda asistencial a las personas con discapacidad, sino también sus derechos en materia de igualdad, integración y no discriminación, con especial atención a las mujeres y a las niñas. También se toma en consideración la reforma de las pensiones para, entre otras cosas, aplicar una subida anual igual al incremento del coste de la vida, algo que el Gobierno del PP eliminó en 2013 porque, según su presidente, Mariano Rajoy, “vivíamos por encima de nuestras posibilidades”. Aunque esta reforma es el resultado del acuerdo con los agentes sociales, el PP de Casado la rechaza y se opone a su tramitación. Ya votó en contra en la Comisión del llamado Pacto de Toledo.

Hace muchos años, el diputado centrista León Buil, buen aragonés y persona entrañable, recordaba los tiempos en que los mayores se morían de hambre crónica, pues se creía que necesitaban comer menos (o no comer) cuando ya no podían trabajar. Se orillaban, perdían músculo y morían en poco tiempo. Uno se pregunta si sus señorías del PP habrán quedado anclados en aquella creencia, aquella realidad de antaño. Rajoy les arañó 30.000 millones de euros de sus pensiones porque sin duda sobrevivían por encima de sus posibilidades y había que reducir el déficit y ayudar a la banca e incrementar la fortuna en Suiza.

En un pleno con otras medidas sociales como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la prolongación de los Erte hasta febrero de 2022, adoptadas el martes por el Gobierno, parece lógico que el presidente Pedro Sánchez respondiera a la pregunta del líder del PP, Pablo Casado, sobre si “tiene un proyecto para España”, diciendo, como dijo, que su política es “ser útil a los ciudadanos, ayudar al país, hacer que España avance”. Y esto, después de la peor pandemia sufrida en cien años, “con una actuación aceptable” y siendo ya “el segundo país más seguro del mundo, según un informe internacional”. Pero a Casado no le satisfizo la respuesta.

El dirigente del PP, que hizo un alto en la Convención itinerante que está celebrando, se quejó en primer lugar de que Sánchez no comparece cuando le llaman. Luego, su ‘número dos’, Teodoro García Egea, le contradijo: “Para lo que ha hecho hoy, mejor que no venga”. ¿Qué hizo Sánchez? Pues contestar a la pregunta del jefe de la oposición tal como figuraba en el orden del día y lamentar una vez más el clima de crispación que la derecha trata de imponer: “Los españoles están hasta la coronilla de la bronca”, dijo.

¿Qué hizo Casado? Pues en vez de formular su pregunta, le lanzó tres en plan fiscal acusador. Una: “¿Es usted la X del ‘caso Gali’?”, en referencia al presidente saharaui Brahim Gali, quien fue hospitalizado en Logroño, aquejado de coronavirus. “Acoger a un acusado de genocidio, terrorismo y violación es delito de encubrimiento y prevaricación”, le espetó. Dos: “¿Ordenó falsear los datos del INE sobre la evolución económica?” En este punto Casado aprovechó las diferentes apreciaciones de las ministras del área económica y el de la Seguridad Social para afirmar que “el Gobierno es una jaula de grillos”. Y tres: “¿Va a seguir torpedeando a la Justicia? Levántese de la mesa con los independentistas”.

Tras la respuesta genérica del jefe del Gobierno y líder del PSOE, quien le pidió que se deje de broncas y “ayude a su país”, al tiempo que le recordó que la propuesta del PP sobre la elección de consejeros del Poder Judicial fue desestimada por el Parlamento hace una semana, Casado apeló al último recurso argumental: “¡Váyase y deje a los demás hacer lo que necesita España!” Su grito cabreado fue un calco del que pronunció hace 25 años el señor Aznar (“¡Váyase, señor González!”), el millonario expresidente cuyas simpatías basculan ahora entre Casado y Ayuso. La presidenta regional madrileña, que ha accedido a acortar su gira estadounidense para acudir a la Convención casadista en Valencia, va ganando puntos y ha hecho más amigos que Pizarro y Hernán Cortés al advertir que “el indigenismo es el nuevo comunismo”.

Volviendo al último pleno de septiembre, la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, se vio obligada a reconvenir a la diputada catalana de Junts Miriam Nogueras porque en su pregunta a Pedro Sánchez –un alegato en defensa de Puigdemont y contra la mesa de diálogo– tildó a las “instituciones judiciales” de “abanderadas del fascismo” y les atribuyó “un golpe de Estado togado”. “Con ustedes no podemos negociar porque ustedes no mandan ni deciden. ¡Visca Catalunya Llibre!” El presidente, que previamente había respondido a Inés Arrimadas sobre política educativa, le respondió: “Ni usted se cree lo que está diciendo” y le aportó un dato: “El 80% de los catalanes quieren diálogo”.

Luego ya, el jefe de organización del PP, García Egea, arremetió contra la vicepresidenta Yolanda Díaz por decir que las eléctricas tenían “beneficios groseros”. Ésta le explicó que son “groseros” cuando existe un abismo entre los costes de producción y el beneficio. El de Murcia replicó que lo grosero es tener un Gobierno con 23 ministros y 1200 asesores, no pagar la Seguridad Social de la asistenta de Echenique, cobrar 400.000 euros de Venezuela… Díaz le recordó entonces la privatización del último tramo de Endesa por 7.000 millones de euros en la época del gobernante Aznar y los 27.600 millones de euros en dividendos repartidos desde entonces a sus accionistas. “Las cuatro grandes compañías eléctricas españolas obtienen un beneficio del 18,5% frente al 10,5 de la media europea y al 5,4% de Alemania”, ilustro a Egea.