Un centenar de personas se quedarán sin escoltas a partir del próximo mes de diciembre. Todos ellos viven en el País Vasco y en Navarra y tienen en común  el haber dejado de tener desde hace algún tiempo la titularidad de un cargo público. Pero no se quedarán desprotegidos del todo, puesto que está previsto mantener servicios de contravigilancia que permitirán detectar cualquier seguimiento terrorista en la actividad habitual de estas personas. No olvidemos que ETA no ha desaparecido.

El primer recorte en la protección de amenazados, que  afectó a unas 50 personas, se planteó desde el Ministerio del Interior el pasado mes de septiembre y ahora se da por hecho que en diciembre se producirá otro recorte para otros  50 protegidos.  No cabe duda de que con esta medida se logrará reducir el gasto en protección que supone cantidades millonarias  al Ministerio y a la Consejería Vasca  de Interior.

De hecho,  el proyecto de presupuestos del Departamento de Interior vasco para el próximo ejercicio contempla una capacidad de gasto de 704 millones de euros, lo que supone un 1,2 por ciento menos que la del ejercicio de 2010. Del total del presupuesto indicado, 695 millones de euros (93 por ciento) se destinarán a financiar el funcionamiento de la Ertzantza y en el proyecto se contempla una partida, ampliable si se fuera necesario, de 88,3 millones de euros para el servicio de escoltas privados, desarrollado en coordinación con el Ministerio del Interior, lo que supone una reducción de 9,4 millones de euros que representan casi un 10 por ciento menos de lo presupuestado este año.

En el Departamento de Interior vasco aseguran que esta importante reducción del gasto no tiene que ver con la merma en el servicio, sino que es fruto de una negociación de los contratos que se firman con las empresas de seguridad.

En este momento, en el País Vasco y Navarra tienen que vivir protegidas casi 1.500 personas, de las cuales el 90 por ciento están atendidos por vigilantes privados de seguridad y el resto por agentes de la Policía, Guardia Civil y Ertzaintza. Para dar cobertura a toda esta población amenazada, las empresas de seguridad han dispuesto cerca de 3.800 vigilantes privados.

Pero en Interior argumentan que esta reducción de escoltas no está relacionada con el anuncio de no atentar hecho público por ETA el pasado mes de septiembre. Tampoco admiten que sea fruto de un recorte forzado por la crisis económica que padecemos.

Lo cierto es que a día e hoy es impensable quitar la protección de los amenazados, ya que la actitud puesta de manifiesto por ETA no es creíble.

Y no sólo hay que seguir protegiendo a personas, sino que hay que dotar de vigilancia adecuada de edificios, instalaciones, sedes de partidos políticos y sindicatos, entre otros. Incluido el amenazado trazado del Tren de Alta Velocidad, tantas veces atacado en los últimos meses, para lo cual también se contempla un presupuesto de gasto de 2,5 millones de euros para el año próximo.

Pese a todo, a día e hoy, las empresas privadas de seguridad tienen trabajo para rato.