Los ministros de Finanzas de los países del G-20, reunidos en Venecia, aprueban un impuesto mínimo global del 15% para las grandes empresas.»Es un gran momento histórico», proclama el ministro alemán, Olaf Scholz, que resalta que «Los países del G-20 han acordado ahora que quieren pactar entre sí un nuevo orden fiscal internacional», recalca.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que asistió al encuentro, cree que la decisión del G-20 «ayudará a los países a preservar su bases fiscales y movilizar ingresos para asegurar que las empresas de grandes beneficios pagan su parte justa en todos los lugares».

A este mecanismo de fiscalidad para multinacionales consensuado el 1 de julio se han sumado 131 países y jurisdicciones de los 139 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pero varios países de la UE, que aplican tasas más bajas a las empresas, como Irlanda, Hungría o Estonia no figuran entre ellos.

Este sistema se basa en asignar un porcentaje de los beneficios de las empresas, en particular de las digitales, a ciertas jurisdicciones para que paguen impuestos donde operan aunque no tengan presencia física, y en la aplicación de un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15 % a las empresas con una facturación de más de 750 millones€. Lo que se busca es evitar que una multinacional  tribute en un país distinto a los que genera sus beneficios para reducir su factura fiscal.

Para la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos. Madia Calviño, «es un acuerdo sin precedentes para tratar de establecer un sistema más justo y sólido a nivel global, adaptado al siglo XXI». Pero avisa: «Es un acuerdo histórico, pero no es el final del camino, es el principio de un proceso en el que debemos seguir trabajando a nivel global y europeo”.

Ahora se abre un proceso de negociación para permitir que más países se sumen al acuerdo antes de la reunión de jefes de Gobierno del G-20, prevista para octubre en Roma.

El G-20 pone, además, el acento en la necesidad de seguir trabajando para asegurar que la recuperación sea sostenible e inclusiva, con medidas estructurales que permitan aumentar la productividad, como la digitalización, la conectividad, y las infraestructuras.

Los países del G-20 se han comprometido a seguir manteniendo una política expansiva para apoyar la recuperación, evitando cualquier retirada prematura de medidas de apoyo a trabajadores y empresas, preservando al mismo tiempo la estabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

España ha sido especialmente beligerante en plantear medidas de apoyo a los países más vulnerables, y en extenderlas a las naciones  de renta media especialmente afectados por la pandemia y con problemas de desigualdades y pobreza especialmente agudos.

Tasa al carbono

El G-20 también subraya la necesidad de introducir una estrategia global común para avanzar en la lucha contra el cambio climático y establecer los incentivos adecuados de manera coordinada. En la reunión de octubre se planteará una hoja de ruta para promover las finanzas sostenibles, con mecanismos como el precio del carbono o los impuestos medioambientales.

En ese sentido, gana partidarios la postura defendida por Janet Yellen, secretaria del Tesoro de EEUU, sobre que se debata en el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles del G-20 la imposición de un precio implícito que grave las emisiones de carbono. “Los países del G20 son responsables de más del 80% de las emisiones globales de carbono y, por lo tanto, es nuestra responsabilidad tomar medidas y hacerlo de inmediato”, argumenta.

El 14 de julio de 2021, la Comisión Europea publicará el paquete de propuestas legislativas «Fit for 55», orientado a reducir las emisiones de carbono un 55% con respecto a los niveles de 1990 de aquí a 2030. La intención de la UE es aplicar un impuesto a determinados sectores y que las empresas que importen acero, hierro, cemento, fertilizantes, aluminio y electricidad compren derechos de emisión a partir de 2023. Una especie de impuesto indirecto a las emisiones de carbono.

El FMI defiende la fijación de un precio mínimo global para las emisiones de carbono para proteger el medio ambiente y la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. «La clave es poner un precio sólido al carbono, como hemos debatido en el G20. Esto dará una señal clara para reorientar la inversión privada y la innovación hacia tecnologías limpias y para incentivar la eficiencia energética», argumenta Georgieva, que precisa que «el precio mínimo del carbono no tiene por qué ser un impuesto», sino que podrían ser medidas como «el comercio de emisiones o combinaciones de tarifas y regulaciones sectoriales».