Más allá de fotos propagandísticas y de declaraciones interesadas, la única verdad sobre la ineludible reforma de las pensiones en esta España nuestra la dijo el ministro del ramo, José Luis Escrivá, cuando avisó a esos que los cursis y los pedantes llaman hoy los baby boomers, que tendrán que trabajar más años o cobrar menos pensión. Palabras que tuvo que tragarse un día después, con una rectificación obligada desde La Moncloa donde bastante tienen ya con el lío de los indultos como para abrir otro frente de impopularidades en plena cuesta abajo en la rodada de las encuestas y la imagen.

Porque lo cierto es que tras largos meses de negociación por bloqueos en asuntos claves como la indexación al IPC o la derogación del factor de sostenibilidad, la única modificación realmente trascendente de ese acuerdo y esa foto con los agentes sociales es la llamada separación de fuentes de financiación de las pensiones mediante la modificación de la Ley General de la Seguridad Social para permitir una transferencia anual de los Presupuestos Generales del Estado del 2 por ciento del PIB.

Es decir que unos 22.000 millones de euros que ahora afrontaba cada año la Seguridad Social para pagar las pensiones no contributivas los pagará ahora el Estado, es decir todos nosotros. Y ahí está la trascendencia de la medida porque esto apunta a que nos van a gravar con más impuestos y más caros. Además de que, como dice el refranero popular en realidad lo que se hace es desnudar un santo para vestir otro.

Del resto, recordar que la revalorización de las pensiones conforme al IPC estaba ya en el acuerdo previo de los grupos parlamentarios en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Que la derogación del factor de sostenibilidad, que penalizaba las pensiones en función de la mayor esperanza de vida se aplaza hasta 2027 y sin un mecanismo de sustitución que se remite a una nueva negociación entre los agentes sociales. Que los incentivos para retrasar la edad de jubilación son sólo un parche y no un aliciente decisivo. Y que las penalizaciones para las prejubilaciones voluntarias tampoco sirven para cubrir el aumento de los gastos derivados del coste de esos incentivos y del incremento anual de pensionistas.

Eso y que la restricción de las cláusulas de jubilación forzosa en los convenios colectivos se aplicará sólo a los mayores de 68 años y con la obligación de contratar a un nuevo empleado de forma indefinid y a tiempo completo.

Nada de fórmulas imaginativas o ya adoptadas en otros países como la llamada Mochila Austriaca o el estudio de un sistema entre el actual de reparto y el de capitalización como funciona en Suecia y en seis de cada diez países de la OCDE. Y, por supuesto, nada que permita aumentar el número de cotizantes, que es el remedio esencial para consolidar un sistema de pensiones sostenible.

No hacer falta ser un Nobel de Economía para saber que la sostenibilidad del Sistema de Pensiones para ineludiblemente por la creación de empleo estable y con salarios apropiados. Y para ello las empresas, que son quienes crean los puestos de trabajo, precisan de un entorno normativo flexible, de seguridad jurídica, de estabilidad política y de una fiscalidad favorable a los negocios y que fortalezca el mercado laboral. Todo para lo que no están trabajando unos y otros, y todo lo que, en buena medida, garantiza la reforma laboral de 2012, esa que la ministra de Trabajo y parte del Gobierno siguen empeñados en derogar, anteponiendo los prejuicios ideológicos a las políticas de Estado y a los intereses reales del país y de los ciudadanos a los que deberían atender.