No hay cursos de formación para el 90 por ciento de los parados

11/11/2010

Ángel García Moreno. El 90 por ciento de los parados españoles no podrían acceder a un curso de formación para mejorar sus posibilidades de empleo aunque se empeñaran hasta la extenuación ya que, anualmente sólo hay este tipo de enseñanza para algo más de trescientos mil desempleados, frente a los cuatro millones de personas sin trabajo que están registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem).

Además, estos servicios públicos no pueden ayudar a tres de cada cuatro parados a mejorar su “empleabilidad”, es decir, a ayudarles a conseguir mayor capacidad de acceder a un puesto de trabajo.

El ministerio de Trabajo tiene previsto comenzar con los sindicatos este viernes las negociaciones de la llamada “agenda social” en lo que se refiere a las políticas activas de empleo, que no son otra cosa que el facilitar a los parados instrumentos para acceder en mejores condiciones al mercado de trabajo. Sin embargo, ni la capacidad de los servicios públicos de empleo ni, lo que es más importante, la dotación presupuestaria va a permitir que la situación mejore sustancialmente.

Según los datos del ministerio de Trabajo incluidos en el proyecto de presupuestos del Estado para 2011, el capítulo de formación profesional para fomentar la inserción profesional de los parados tiene previsto que accedan a cursos de formación el próximo año un total de 325.864 desempleados, cifra inferior a los 337.098 previstos para 2010. Teniendo en cuenta que el capítulo destinado a las políticas de fomento del empleo no sólo va a aumentar, sino que desciende ligeramente para 2011, por mucha mejora que se produzca en la gestión es prácticamente imposible que esa cifra de parados en formación crezca sensiblemente frente a los 4.085.976 de parados que actualmente hay registrados en el los servicios públicos de empleo (SPPE) y cuya cifra se espera que crezca el próximo año.

Si en 2011 próximo año van a ser cerca de 8.000 millones de euros lo que se destinará a políticas activas de empleo (partida que se ha reducido respecto a este año), de los que un tercio (unos 2.400 millones) van destinados a programas de formación (que también incluyen a los trabajadores en activo) se necesitarían miles de millones más de euros para mejorar la enseñanza profesional de todos los parados. Algo que en la actuales circunstancias presupuestarias no está en capacidad de atender el Gobierno. Planes como los de Alemania que a los parados da un itinerario de formación para el empleo o a Gran Bretaña que ha anunciado el jueves una reforma para que los desempleados trabajen al servicio de la comunidad cuando les llame su “orientador” son imposibles de pensar en España en las actuales circunstancias de restricciones presupuestarias.

Pero la política de mejora de las perspectivas de los parados para integrarse en el mercado loboral no sólo está en la formación. Los servicios públicos de empleo tienen entre sus objetivos planes para orientar profesionalmente a los parados y programas para combinar la formación teórica con la práctica, además de planes de contratación temporal para la realización de obras y servicios de interés general y social. Según el proyecto de presupuestos del ministerio de Trabajo para 2011, está previsto que 482.135 trabajadores reciban orientación para el empleo, la misma cifra que este año; 238.819 contratos serán realizados para proporcionar práctica laboral en obras destinadas al servicio de la comunidad, cifra inferior a la de 2010; y 62.071 personas se beneficiarán de los programas de escuelas-taller y talleres de empleo. En total, 1,1 millones de desempleados recibirán algún tipo de apoyo para el empleo ya sea mediante orientación, formación o prácticas.

Pero si a la cifra total de parados registrados se le suma la de aquellos colectivos que no aparecen en los registros precisamente por formar parte de algunos o todos los planes anteriores, nos encontramos con que en números redondos tres de cada cuatro parados no se pueden beneficiar de esos programas de “empleabilidad”. No parece por mucha “agenda social” que se ponga en marcha que esta situación vaya a cambiar sensiblemente si no hay dinero suficiente en las arcas del Estado por mucho empeño que ponga Zapatero.

Entre el escepticismo y la difícil negociación

Desde el principal partido de la oposición, el PP, se ve esa “agenda social” del gobierno con escepticismo. En declaraciones a diarioabierto.es, el portavoz de empleo del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, señaló que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “ha perdido un tiempo precioso” para resolver la situación de los parados y adecuar estas políticas de formación a la actual coyuntura y nuevas necesidades de los mercados. Según Echániz, el Gobierno tenía que haber actuado antes, cuando la situación de fuerte crecimiento del paro empezó a producirse y haber atendido en ese momento a los desempleados con orientación y planes de formación realistas y adecuados a la nueva realidad economíca. Ahora la capacidad de reacción del ejecutivo socialista es muy pequeña, añadió Echániz, y sus planteamientos llegan tarde cuando en los últimos años la política de fomento del empleo del Gobierno hacia los desempleados no ha estado bien enfocada.

A juicio del portavoz popular, el Gobierno va a peor  y  no es precisamente tener una “agenda social” el haber congelado las pensiones como ha hecho Zapatero. En cuanto al paro, Echániz insistió en que la mejor “agenda social” es que haya empleo y la política económica del gobierno actual no lleva en esa dirección.

Tampoco lo va a tener fácil el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, con los sindicatos. CC OO y UGT que irán a la reunión de hoy sobre la reforma de las políticas activas de empleo sin considerar que este encuentro forme parte de la concertación social. El Gobierno quiere que, con este encuentro, se escenifique la reanudación del diálogo social, a lo que las centrales mayoritarias no están dispuestas. CCOO ya advirtió el jueves que sólo será creíble la reanudación del diálogo social cuando el Gobierno rectifique su política social y económica y renuncie a la reforma laboral. Pero Valeriano Gómez insiste: no habrá marcha atrás en la reforma.

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