O senadora. O ambas cosas. Bien es sabido que lo importante es montar en el tiovivo para ir cambiando de caballo: sea cual sea el nombre del corcel, subidos a este carrusel el pan no faltará. Ni las más exquisitas viandas, numerosas propiedades inmobiliarias, buenos carruajes y decenas de miles de euros en acciones, inversiones, fondos y demás productos financieros rentables.

Pero abandonemos demagogias facilonas y adentrémonos en reflexiones más profundas. Estos días se ha publicado el patrimonio de sus señorías ante la revolución del personal. El ejercicio de transparencia es loable. No tanto la tardanza: esta medida debería haber sido obligada desde la primera legislatura en democracia. Si conociésemos de antemano el patrimonio de un ciudadano cuando ingresa en la actividad pública y lo comparásemos a la salida, sería difícilmente justificable un incremento exponencial de sus dineros durante el tiempo que se ha mantenido en el ejercicio de la misma. La riqueza en sí misma no es algo negativo. Al contrario. Lo que debe preocuparnos es cómo se ha generado. Sinceramente me la trae al pairo si atesoran tropecientos inmuebles de lujo y millones por doquier. Que los disfruten. Me inquieta más que desempeñen correctamente sus funciones o que estén a la altura de lo que su nombramiento implica. Lo que abriría definitivamente la caja de los truenos sería el análisis de informes pormenorizados sobre las horas dedicadas al trabajo y a las iniciativas propuestas por cada parlamentario y senador.

Creo con sinceridad que algunos políticos están mal pagados. Considero inexplicable que directivos de marcas reconocidas quintupliquen el sueldo del Presidente del Gobierno, que no deja de ser una empresa clave para todos los españoles -otra cosa es que algún inquilino de Moncloa y miembros de su equipo no llegasen a mileuristas en el ámbito profesional, pero ese es otro debate-. El sueldo como tal de diputados y senadores -obviando privilegios adicionales en impuestos, gastos de representación o pensiones- es similar e incluso inferior al de directivos cualificados en la esfera privada. Ahora bien, éstos últimos con salarios parecidos y en igualdad de años trabajados, ni han conseguido patrimonios inmobiliarios tan floridos ni tal cantidad de euros ahorrados o invertidos. Estoy convencida que la mayoría de los políticos no han acumulado riquezas faltando a la legalidad. No estoy tan segura que lo hayan hecho sin faltar a la ética. Me consta que muchos aprovechan su cargo para proveerse de una extensa agenda de contactos que revierta en su exclusivo interés particular. Nada tendría que objetar si igual esmero pusieran en la búsqueda de ideas y soluciones para el bienestar de sus compatriotas y la prosperidad del país. Pero jamás les encontré reunidos para tal fin, sus quedadas fuera de las instituciones se suelen vincular a negocios propios. Y a conspirar contra sus mayores: tampoco les culpo por ello, esos mayores son manifiestamente mejorables. Tampoco olvidemos que si esos negocios fructifican es porque avispados empresarios se lo ponen a huevo con fines tan “altruistas” como asegurarse la consecución de futuribles favores de los que ostentan poder -o están llamados a alcanzarlo-. O porque algunos cargos lucen mucho como atrezzo en determinados consejos de administración.

El intercambio de favores, la información privilegiada o el tráfico de influencias son implícitos a todo sistema desde que el mundo es mundo, pero un control sobre patrimonios a la entrada y salida de la vida pública, limitación por ley a un máximo de ocho años por persona y cargo, evitar duplicidad de responsabilidades en idéntico sujeto o poner en práctica auditorias permanentes sobre el rendimiento en el trabajo -entre otras medidas a aplicar-, minimizarían podredumbre y corruptelas alrededor del poder.

Twitter: @CarmelaDf