En un ejercicio histórico de transparencia, el Congreso y el Senado colgaron el jueves en sus web las declaraciones de renta y patrimonio de sus señorías. La decisión de publicar unos datos que hasta ahora eran reservados fue incluida en la reforma de la ley electoral y no admitirá excepción. Sus señorías han tenido tiempo hasta el 7 de septiembre de rellenar los formularios. Aun así y todo, once no lo han hecho y la senadora y jefa del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, no ha declarado la propiedad de una vivienda. En cambio, la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, ha aprovechado la oportunidad para incluir el palacete en Niza (Francia) que olvidó declarar hace dos años, cuando todos los miembros del Gobierno se retrataron en el BOE por primera vez y para dar ejemplo.

En cuanto se conocieron las declaraciones, surgieron las comparaciones entre los principales dirigentes. Ya sabemos que Mariano Rajoy cobró 50.000 euros más el año pasado que el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y algo más de 30.000 que el presidente saliente, José Luis Rodríguez Zapatero. También pagó más a Hacienda: unos 70.000 euros. También sabemos que Manuel Fraga Iribarne ha ahorrado casi un millón de euros en su larga carrera política que terminará el 20-N si Dios quiere. Y que Javier Arenas Bocanegra tiene dos pisos y la sexta parte de un tero en Sevilla. Y que el senador canario del PP Francisco de Borja Benítez de Lugo es mucho más rico que la socialista Carmen Alborch que posee 4 viviendas entre Madrid y Valencia y el 7,25% de otros seis pisos en la capital del Turia.

Enseguida se desataron también los elogios de la transparencia y las descalificaciones de una medida que sólo sirve para alimentar el cotilleo. Y, por supuesto, las declaraciones de disgusto de Josep Antoni Durán i Lleida y la petición de Gaspar Llamazares de que el ejemplo se extienda a todas las instituciones públicas, incluida la monarquía. Entre los comentarios a favor y en contra se olvidó que fueron los miles de jóvenes indignados, sin empleo y sin perspectiva de futuro, quienes en calles y plazas exigieron políticas transparentes y transparencia a los políticos. Fue su impulso el que nos ha permitido enterarnos de los sueldos y bienes de nuestros representantes.

Gracias a las fuerzas de la indignación también los ciudadanos han podidos constatar con cierta precisión que pese a las leyes que prohíben cobrar dos sueldos públicos, los ministros y el presidente reciben un sueldo como miembros del Gobierno y otro del Parlamento cuando son diputados o senadores. La paga de ministro es de 56.000 euros anuales y la de parlamentario de 75.000. Para evitar reproches legales por incompatibilidad salarial, los pagos de las Cortes reciben el nombre de “asignación constitucional”.

También los dirigentes del principal partido de la oposición reciben doble paga: una de la formación política, que se financia con dinero público –PP y PSOE reciben vía Presupuesto del Estado 30 millones de euros anuales cada uno en concepto de financiación ordinaria–, y otra de las Cámaras. Para esquivar la ley, a las mensualidades del partido les llaman “gastos de representación”. Todo lo cual contrasta con la obligación de los parados que reciben subsidio de desempleo de declarar los trabajos eventuales que realicen para que los ingresos que les reporten les sean restados de los mil euros mensuales como máximo que reciben.