Con sonrisa y bullicio escolar de fin de curso empiezan a despedirse sus señorías. Queda para la primera semana de septiembre la aprobación en su caso de la reforma de la negociación colectiva, aunque al ministro Valeriano Gómez ya le va bien con la aplicación del decreto. Queda también la culminación de la reforma bancaria, aunque a las entidades y al Banco de España ya les va bien la observación del mayor o menor éxito de capitalización en bolsa de Bankia y Banca Cívica. Son “las reformas pendientes” de Zapatero.

Pero al hilo de lo ocurrido en el último pleno del periodo de sesiones –y con independencia de la aprobación de la reforma del Reglamento para instaurar el “voto telemático”, de modo que sus señorías ausentes por causa de fuerza mayor puedan votar, y para publicar en el futuro la declaración de bienes de los parlamentarios, de modo que la transparencia satisfaga a los indignados del 15M–, conviene consignar el aviso del diputado de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), Miguel Salvador, de que en pocos meses sentará plaza en la sede de la soberanía nacional un “grupo parlamentario” de la familia Bildu y su parentela. Puesto que “consignar” es dejar en consigna, el aviso ahí queda y ya veremos cuántos votos del PNV, Nabay y la UPN acabarán dentro de esa maleta.

Ramón Jáuregui, que además de ministro de la Presidencia, es uno de los picos de oro del panorama parlamentario se esmeró en tranquilizar y pedir confianza al interpelante Salvador, que además de católico, apostólico y romano, es buen parlamentario también. Dijo el ministro que “el Gobierno vigila de una manera minuciosa la actuación (de los bildus) porque somos conscientes de lo que hay detrás” y aseguró que el Ejecutivo no deja pasar ni una en lo atinente a los símbolos, la seguridad y el respeto institucional. Bastó el anuncio de la reforma legal para que los bildus retiraran la prohibición a los escoltas de los concejales de entrar en los consistorios, recordó.

Lo verdaderamente importante es que después de cincuenta años de crímenes y más de tres décadas de democracia, quienes como Jáuregui han sufrido el horror del terrorismo y han tenido que acompañar a miles de familiares de las más de 850 personas asesinadas por ETA, comprendan que “estamos más cerca que nunca del final de la violencia” –palabras del ministro–, con dos años sin asesinatos, violencia callejera y “sin extorsiones”. Esto último resulta más dudoso. Y, sobre todo, sin el famoso “coste político” que el nacionalismo siempre ha exigido.

Pidió Jáuregui “inteligencia” para explicar que quizá no haya otro final posible, “unidad” para dar continuidad y hacer irreversible el proceso de todo ese mundo que ha acabado aceptando la democracia con treinta años de retraso, y “firmeza” para que la democracia no sea burlada una vez más. Y manifestó su convencimiento de que con esa trilogía –“inteligencia, unidad y firmeza”– será posible “un final para todos y para siempre”. Aunque Salvador quería que le contestara el nuevo ministro del Interior, Antonio Camacho, éste ya había respondido a la pregunta anterior, al hilo del famoso “caso Faisán”, con un balance –siete direcciones de ETA desmanteladas en los últimos cuatro años y 733 activistas detenidos– que demuestra que el Gobierno nunca ha bajado la guardia.