Cuando los gobernantes incurren en vacilaciones corren el riesgo de sufrir un accidente. Fue lo que le ocurrió a la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, la noche del “martes negro”. Acudió al Congreso de los Diputados a presentar el techo de gasto para el año entrante. Realizó una exposición de esas que llaman de carril. En quince minutos dijo que la administración general del Estado gastará 4.700 millones de euros menos en 2012 que en este ejercicio, lo que supone una reducción del 3,8%. El gasto no financiero será de 117.353 millones de euros, y de ellos, 38.282 irán a las administraciones territoriales, lo que supone una mejora de 10.000 millones sobre el presente ejercicio. Dicho de otro modo: las autonomías, que ya tienen sus ingresos vía 50% del IRPF y del IVA y 58% de los impuestos especiales, tendrán 8.000 millones de euros más, y los ayuntamientos se repartirán los 2.000 restantes. Las primeras podrán mantener el nivel de endeudamiento del 1,3% y las corporaciones locales del 0,3%. El objetivo de déficit para la administración central baja del 5,9 al 3,2% del PIB.

La vicepresidenta desgranó sus previsiones: el crecimiento pasará del 1,3 previsto este año al 2,3% en 2012 gracias a la demanda exterior y a la reactivación del consumo privado. La tasa de paro se reducirá al 18% y seguirá bajando hasta situarse en el 16% en 2014, según pronosticó. Las necesidades de financiación de la deuda se reducirán al 2,7% del PIB, y la incipiente reactivación económica irá reforzando la confianza y seguirá avanzando con la mejora del mercado laboral. “Aunque la incertidumbre todavía es significativa, hay razones para confiar en las cifras del Gobierno, que se han demostrado acertadas, y para apoyar el techo de gasto”, dijo.

Sin embargo, todo el edificio se le vino abajo cuando, al terminar su exposición, incurrió en la siguiente vacilación: “El objetivo de estabilidad presupuestaria coincide con el techo de gasto, pero les anticipo que no descartamos que en septiembre sea inferior”. El profesor Cristóbal Montoro agarró ese cabo con el ansia de un naufrago y a continuación trató a la vicepresidenta como si fuera una alumna de primero de administración pública. Tras elogiar la fortaleza económica de España, un país que asombró al mundo creando empleo, dudó de las previsiones de Salgado, de la validez de las reformas realizadas, de que se puedan crear puestos de trabajo y terminó diciendo que el tiempo político de este Gobierno ha terminado.

Aunque los nacionalistas también dudaron de las previsiones, se alejaron una vez más de la urgencia electoral del PP y evitaron, con su abstención, la derrota del Ejecutivo. Josep Sánchez Llibre, de CiU, se quejó de que no se habilite el mes de julio para aprobar en el Parlamento la reforma de la negociación colectiva y de las políticas activas de empleo –“a ustedes ya les va bien con el decreto”, reprochó a los socialistas–, y Pedro Azpiazu, del PNV, lamentó que se les sometan a “un debate a ciegas” y auguró más sacrificios “porque los que mandan, los mercados, y Alemania y Francia, no van a permitir que nos salgamos del camino que han marcado”.

Desde la izquierda, Nuria Buenaventura, de IU-ICV, pidió que se anteponga la inversión y el gasto público y privado a la reducción del déficit para recuperar el incipiente crecimiento económico que comenzaba en 2010, y Joan Ridao, de ERC, coincidió con Montoro en que la previsión del crecimiento de los ingresos en un 12% resulta poco increíble. Tanto el PP como IU-ICV-ERC y Rosa Díez rechazaron el cuadro macro, pero las 18 abstenciones del PNV y CiU permitieron al PSOE salir airoso. Su candidato, el ex vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, ocupó su nuevo escaño, el primero de la segunda fila, junto a su amigo y portavoz en la Comisión de Interior, Antonio Hernando.