Eduardo Segovia hace, en «De los Borbones a los Botines. Auge y caída del Banco Popular» (La Esfera de los Libros, 344 páginas), una hábil combinación de la historia de la entidad (con muchos datos poco conocidos y ciertamente interesantes) con el análisis de su desaparición tras 91 años de historia. Acierta plenamente, además, en añadir un anexo, «¿Qué hace un banco y cómo gana dinero?», y un glosario de términos financieros, porque ayudan a entender lo que ha pasado con el Banco Popular.

Como suele ser habitual en este tipo de trabajos periodísticos en forma de libro, lo más interesante es el epílogo «¿Quién tuvo la culpa?» (página 318-328), que comienza con una gran verdad formulada por Napoleón: «la victoria tiene muchos padres pero la derrota es huérfana».

El autor considera que la quiebra del Popular comienza a incubarse ya en la etapa final de la presidencia de Luis Valls, cuando Fulgencio García Cuéllar, consejero delegado, protagoniza la primera entrada del banco en el crédito promotor y en otras aventuras empresariales. Luis Valls, tras defenestrar a García Cuéllar (que pocos meses después ficharía por el Pastor, donde emprendió una errónea expansión por toda España que terminó obligando a su fusión con el Popular), nombra a Ángel Ron como su sucesor.

Eduardo Segovia coincide en su análisis con el de la obra de otro periodista, «¿Cómo se hundió el Banco Popular?» (Ediciones El Siglo), de José García Abad. Subraya que «Valls es el responsable de un modelo de negocio peculiar», ya que, además de dejar pasar oportunidades de crecimiento, adquisiciones o internacionalización, «imprimió una cultura en el banco durante años que fue imposible cambiar cuando los nuevos tiempos lo exigieron».

Parece culpar al Opus por desalojar de la presidencia del Popular a Javier Valls, lo que «impidió la continuidad de la gestión tradicional del banco que habían llevado los dos hermanos» y además «derivó en la asunción de un poder absoluto» por parte de Ángel Ron.

Éste es culpable, no tanto de entrar en el ‘ladrillo’ (lo hicieron prácticamente todas las entidades financieras durante la burbuja inmobiliaria), como de «llegar tarde, quedarse con lo peor, con lo que ya nadie quería, y no saber frenar a tiempo el crecimiento». Y de «una vez que el cáncer estaba dentro del banco», ocultar la situación.

El consejo de administración no tomó decisiones, como la de sustituir a Ron, hasta que fue demasiado tarde.

El sucesor de Ron, el sorprendente Emilio Saracho, es culpable «sobre todo, de haber incumplido las expectativas que generó». «Tampoco se entiende por qué tardó tanto en ponerse a buscar una salida» para el banco.

El auditor, PwC, aprobó sin salvedades todas las cuentas anuales de la etapa de Ron, incluidas las de 2016, con pérdidas de 3.485 millones de euros, luego reformuladas al alza por Saracho,y las de 2017, con 13.595 millones negativos.

El Banco de España permitió esos crecimientos en el crédito promotor y no le obligó a dotar provisiones suficientes para atajar el problema. «Fue cómplice de la verdadera situación del banco», afirma Eduardo Segovia.

El Banco Central Europeo, a través del Mecanismo Único de Supervisión, «tampoco tomó las medidas necesarias para atajar el problema». La presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, precipitó la crisis de liquidez del Popular con unas declaraciones sobre una posible intervención de la entidad.

En la lista de culpables figuran también los sucesivos Gobiernos, por no «haber tomado el toro por los cuernos de la crisis financiera mucho antes»; los accionistas del Popular, ya que «la gestión de Ron y sus cuentas fueron aprobadas año tras año por la junta general con abrumadoras mayorías».

La conclusión de Eduardo Segovia es que «casi todo el mundo ha hecho las cosas mal en la resolución de la crisis financiera española en general y en el caso del Popular en particular».