A lo largo de esta semana distintos analistas y presidentes de cajas de ahorros habían manifestado su opinión en el sentido de que, dada la actual situación de los mercados financieros, y la escasa posibilidad de que, a corto plazo, mejore la visión que éstos tiene sobre España, podía ser conveniente flexibilizar los plazos establecidos para que los nuevos bancos que han optado por salir a cotizar en busca de inversores, o buscar inversores directos que quieran entrar en el capital, lo hicieran.

Pero Javier Aríztegui, subgobernador del Banco de España ha sido claro. Debe prevalecer el interés general sobre los intereses concretos y en estos momentos precisamente lo que piden los mercados es la “adopción de medidas rápidas, nítidas, claras” y, en su opinión, flexibilizar los plazos, es decir retrasarlos, iría justo en sentido contrario de lo que hay que hacer para que se recupere la confianza en la economía española.

Por eso está claro que las cajas deberán tener a 30 de septiembre los deberes hechos y solo excepcionalmente y por motivos muy claros el FROB podría, potestativamente, otorgar un plazo adicional, caso  a caso, que podría llegar como mucho hasta marzo del año próximo.

El subgobernador explicó todo el proceso de transformación del sistema financiero español, especialmente el de las cajas de ahorros, y aunque reiteró que el proceso ha sido lento señaló en varias ocasiones que se estaba ya en la recta final y que espera “que entremos en el otoño con los deberes cumplidos”.

Por su parte Fernando Restoy, vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, centró su intervención en el papel que las entidades financieras tienen que tener con quienes invierten en ellas y, especialmente, en los procesos de salida a bolsa que están iniciando algunas cajas y que se espera culminen el próximo mes de julio.

Restoy señaló, como lo hiciera unos días antes Julio Segura, presidente de la CNMV, que las nuevas entidades tienen que hacer un esfuerzo de transparencia y buen gobierno corporativo porque tienen que demostrar a los mercados que se puede confiar en ellas y deben hacerlo partiendo de cero ya que hasta ahora no han cotizado y, por la crisis de las cajas, no tienen precisamente un buen cartel entre los inversores.

Por eso resaltó la necesidad de que los nuevos bancos se acojan a las prácticas de buen gobierno y conformen consejos de administración profesionales y con un número importante de consejeros independientes y que, al tiempo, haya la suficiente transparencia a la hora de establecer el precio de salida a bolsa como para ser creíble.

Restoy reiteró que debe salir a cotizar al menos el 25% del capital de las nuevas entidades, aunque recordó que en dos ocasiones la CNMV había rebajado este porcentaje hasta el 20% por entender que, dada la capitalización de las compañías, era suficiente para garantizar la liquidez del valor. También recordó que la ley establece que al menos el 40% de la parte que salga a cotizar debe ser adquirido en un primer momento por inversores profesionales que son los que tienen conocimientos suficientes como para establecer un precio objetivo de salida. Este porcentaje debe repartirse entre un número razonable de inversores que evite posibles colusiones a la hora de establecer el precio de colocación.

Restoy dijo, finalmente, que la CNMV estará muy atenta al proceso de comercialización al por menor de las nuevas acciones sobre todo porque, al coincidir el emisor, un banco, con el comercializador, la red de oficinas de dicho banco, puede haber conflicto de intereses.

Ni Aríztegui ni Restoy, como supervisores ambos de la actuación de las entidades financieras y de las buenas prácticas que deben cumplir quienes ocupan posiciones relevantes en los consejos de administración o en los órganos de gestión de dichas entidades, quisieron pronunciarse acerca de si los dos organismos habían abierto o piensan abrir un expediente a miembros de la familia Botín que han reconocido que durante varios años han tenido sin declarar un paquete importante de acciones de Bankinter, entidad en la que la familia Botín ha sido determinante. No se pronunciaron aduciendo la necesidad de mantener la confidencialidad en estos terrenos hasta que no se sustancien los hechos.